Un decreto firmado en 2023 por el presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, para sentar las bases de su plan de desregulación económica ha vuelto a escena y la oposición podría anularlo en el Parlamento, con un impacto incierto sobre múltiples actividades, desde alquileres hasta operaciones de comercio exterior.
El decreto, de 366 artículos, lleva el título ‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina’ e implicó la modificación o derogación de decenas de normas, con un objetivo amplio de desregulación económica.
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En marzo del 2024 fue rechazado por el Senado, pero en la mayoría de sus disposiciones sigue vigente porque para su anulación definitiva se necesita el rechazo de las dos cámaras del Congreso argentino.
Otros aspectos del DNU quedaron, sin embargo, suspendidos por fallos judiciales a partir de diversas demandas impulsadas por colectivos que se vieron afectados por el ‘megadecretro’ presidencial.
Es el caso del capítulo laboral del decreto, invalidado por la Justicia por un reclamo de la mayor central sindical del país, pero cuyo contenido fue finalmente convertido en ley en febrero pasado cuando el Parlamento aprobó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Otro aspecto del DNU que fue objeto de litigios es la derogación de la Ley de Tierras de 2011 que limita la venta de tierras a extranjeros.
Javier Milei. (Foto: EFE)
Un fallo judicial había dejado en suspenso el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras, hasta que la Corte Suprema lo convalidó el pasado 29 de septiembre.
¿Qué pasa si se anula el decreto?
Si finalmente la oposición logra su cometido y anula el decreto, hay aspectos del DNU que continuarán vigentes porque fueron convalidados por leyes aprobadas posteriormente por el Congreso, como la reforma laboral, las privatizaciones de empresas estatales o los cambios en el sistema energético.
Pero sí habrá impacto en otras áreas, que, según un informe de la firma Zentrix Consultora, “se concentraría en tres mercados que todavía dependen del decreto: los alquileres, la salud privada y el comercio exterior”.
“Hasta que el Congreso defina qué reglas rigen, hogares y empresas no sabrían bajo qué régimen firmar un alquiler, contratar una empresa de medicina privada o planificar una exportación”, advierte el informe.
Según Zentrix, “el mayor riesgo no está en ninguna norma en particular, sino en el vacío entre una regla y otra”.
“Sin una ley de transición que defina qué normas vuelven a regir y cómo se tratan los contratos en curso, la respuesta quedaría en manos de los jueces, caso por caso, y la incertidumbre se traduciría en decisiones postergadas y más litigios”, sostuvo la consultora.
Con información de EFE
