Estados Unidos comenzará a cobrar aranceles de entre 10% y 12.5% a las importaciones procedentes de la mayoría de sus principales socios comerciales, en su mayor paso hasta ahora para reconstruir el muro arancelario del presidente Donald Trump, desmantelado en parte por un fallo de la Corte Suprema.
Los nuevos gravámenes son el resultado de una investigación sobre el presunto incumplimiento de unas 60 economías a la hora de impedir el uso de trabajo forzado en sus cadenas de suministro, en perjuicio de los trabajadores estadounidenses. Los bienes procedentes de una decena de socios comerciales considerados con restricciones contra el trabajo forzado estarán sujetos a un arancel de 10%, entre ellos México, el Reino Unido, Canadá e India.
Los aranceles sobre los productos procedentes de la Unión Europea y Taiwán no superarán el 10%, mientras que los de Japón, Suiza y Corea del Sur tendrán un límite mínimo del 12.5%, de manera que se cumplan los acuerdos comerciales que estos países han firmado con Estados Unidos, según un aviso publicado el jueves en el Registro Federal. Los productos de docenas de otros países estarán sujetos a un arancel del 12.5%, al que se sumarán otros aranceles adicionales.
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Los productos procedentes de decenas de otros países enfrentarán un arancel de 12.5%, al que en algunos casos se sumarán otros gravámenes ya existentes. La fórmula también contempla algunas exenciones, por ejemplo para productos que no pueden fabricarse en EE.UU. o cuando los aranceles provocarían perturbaciones en toda la economía.
Los nuevos aranceles entrarán en vigor el viernes a las 00:01, hora de Nueva York, según un alto funcionario de la administración que pidió permanecer en el anonimato para detallar el plan antes de su anuncio oficial. Los gravámenes no se aplicarán a determinadas mercancías que ya estuvieran cargadas en buques antes de ese momento, agregó.
Los países asiáticos calificaron los más recientes aranceles de la administración Trump como infundados e injustificados, aunque evitaron anunciar medidas de represalia.
Economías en el punto de mira en dos de los casos comerciales de Trump | La mayoría de los principales socios comerciales se enfrentan a aranceles en virtud de las investigaciones de la Sección 301 sobre normas de trabajo forzoso o exceso de capacidad industrial.
La decisión “es muy decepcionante, pero no inesperada. El presidente Trump hizo campaña con la promesa de imponer aranceles y esta es la consecuencia”, afirmó el ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay. Australia calificó la medida de “injustificada” y contraria a su acuerdo de libre comercio con EE.UU., según un comunicado del ministro de Comercio, Don Farrell, quien pidió a Washington eliminar el nuevo gravamen.
Singapur rechazó el nuevo gravamen. El ministro de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, afirmó que la medida carece de justificación económica. Japón también expresó su descontento y busca garantías de que los nuevos aranceles sean compatibles con el acuerdo comercial que alcanzó con EE.UU. el año pasado.
Los aranceles vinculados al trabajo forzado representan el mayor paso de Trump para reconstruir su política comercial proteccionista desde que la Corte Suprema anuló sus gravámenes anteriores. Tras ese revés, impuso un arancel global de 10% a las importaciones que vence el viernes. La entrada en vigor de las nuevas medidas evita cualquier interrupción entre ambos regímenes.
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La administración anticipó la medida el mes pasado, cuando publicó el resultado de su investigación sobre trabajo forzado. Habrá algunos cambios respecto de la propuesta original, dijo otro funcionario, entre ellos que India obtuvo un arancel de 10% en lugar del 12.5% con el que había sido amenazada.
Las importaciones de combustibles, alimentos y fertilizantes quedarán exentas de los nuevos aranceles, al igual que automóviles, metales y medicamentos, que ya están sujetos a gravámenes sectoriales. También quedarán excluidos los bienes amparados por el acuerdo comercial de Norteamérica con México y Canadá.
Solicitudes de exención
El gobierno ha recibido numerosas solicitudes para conceder miles de exenciones adicionales, indicó ese funcionario. El plan incluirá exenciones de alcance global y específicas para determinados países, basadas en los compromisos asumidos en los acuerdos que Trump negoció con gobiernos extranjeros.
Un alto funcionario de la administración rechazó que Trump esté imponiendo los nuevos aranceles únicamente para reemplazar los gravámenes anulados por la Corte Suprema. Sin embargo, sostuvo que el presidente utilizará todas las herramientas a su disposición y no permitirá que una decisión judicial debilite su política comercial.
El funcionario sugirió que la administración tenía previsto imponer estos aranceles por trabajo forzado de todos modos y que decidió implementarlos ahora para evitar trastornos a las empresas estadounidenses.
Jameson Greer dijo recientemente que la investigación sobre exceso de capacidad industrial está tomando más tiempo que la relacionada con el trabajo forzado.
Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU. (USTR), encabeza la renovada política comercial de Trump, que busca combatir prácticas consideradas desleales mediante herramientas jurídicas más sólidas, las cuales requieren meses de procedimientos y consultas públicas. Ese enfoque más gradual contrasta con la rapidez y la imprevisibilidad de las ofensivas arancelarias de Trump durante buena parte de 2025.
Aun así, eso podría no impedir que algunos importadores impugnen los nuevos aranceles ante los tribunales.
Trasladar esos costos a los importadores estadounidenses implica riesgos políticos para Trump y el Partido Republicano, a menos de cuatro meses de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas centrarán su campaña en el alto costo de vida. Esa presión aumenta a medida que la guerra con Irán encarece la energía, los alimentos y otras materias primas.
Blake Harden, experta en comercio de la consultora Ernst & Young, afirmó que Trump aún no ha terminado con los aranceles ni con la alteración del statu quo.
Mucha incertidumbre
“Todavía hay mucha incertidumbre. Aún existe la posibilidad de que este año se impongan muchos más aranceles”, dijo. “Antes de esta semana parecía que había una pausa y quizás daba la impresión de que había más certezas de las que realmente existen. Hay algo que sigo diciéndoles a todos: todavía queda mucho por venir durante este año”.
La USTR propuso los nuevos aranceles tras una investigación realizada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El informe recomendó un gravamen de 12.5% para los países que carecen de leyes que prohíban las importaciones producidas con trabajo forzado. También planteó un arancel de 10% para los productos procedentes de economías que sí cuentan con esas prohibiciones, pero que no las aplican de manera suficiente o solo se han comprometido a hacerlo.
Países como India y Noruega han rechazado esas acusaciones. En Canadá, un proyecto de ley presentado en junio busca reforzar la capacidad del gobierno para “identificar, interceptar y prohibir en la frontera bienes vinculados al trabajo forzado, al tiempo que proporciona certeza y transparencia a las empresas que operan o comercian con Canadá”, según un documento público del caso.
La decisión de la Casa Blanca llega después del anuncio del 15 de julio de que EE.UU., también al amparo de la Sección 301, comenzará a cobrar un arancel de 25% sobre determinadas importaciones procedentes de Brasil, tras una investigación que concluyó que ese país incurrió en prácticas comerciales desleales.
El conjunto de investigaciones bajo la Sección 301 también incluye una revisión del exceso de capacidad manufacturera de los socios comerciales de EE.UU., aunque aún no está claro cuándo se publicarán sus conclusiones ni si los aranceles que puedan surgir de esa investigación se sumarán a los propuestos por el caso del trabajo forzado.
Greer afirmó recientemente que la investigación sobre exceso de capacidad industrial está demorando más que la relacionada con el trabajo forzado. “Estamos tratando de asegurarnos de cumplir estrictamente con la letra de la ley”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television la semana pasada.
Esta semana, Trump propuso aranceles sobre productos canadienses al amparo de una autoridad comercial nunca antes utilizada, la Sección 338, aunque esas medidas solo afectarían alrededor del 5% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá y entrarían en vigor el 19 de agosto, dependiendo del resultado de las negociaciones.
Contenedores de transporte marítimo en el puerto de Long Beach, California. Fotógrafo: Kyle Grillot/Bloomberg
La implementación también se complica por los acuerdos que la administración Trump negoció con Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y la Unión Europea. Greer ha dicho que Washington respetará los compromisos asumidos en esos pactos.
Más temprano el jueves, Greer criticó duramente a la Unión Europea en un comunicado, al afirmar que el anuncio de la Comisión Europea sobre una multa contra Google, de Alphabet Inc., y un reciente préstamo “respaldado por el Estado” a Airbus SE amenazan con socavar la estabilidad del comercio transatlántico.
Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. está reembolsando los llamados aranceles recíprocos de Trump, que la Corte Suprema declaró ilegales en febrero. Entre los beneficiarios hay miles de importadores estadounidenses, entre ellos Nike Inc., que el mes pasado dijo que espera recuperar casi US$ 1,000 millones.
Aun así, “los aranceles siguen siendo un factor dinámico que presiona los costos y esperamos que continúe en el futuro”, afirmó Matthew Friend, director financiero de Nike, durante una conferencia telefónica a fines de junio.
