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Recibir newsletterFrente a una estación de gasolina ubicada junto a un campo de soya en Santa Cruz, Bolivia, hay filas de camionetas “pick up” que llevan como carga tanques de combustible vacíos. El encargado afirma que la fila no se ha movido en días: no hay diésel. Esto ha ocurrido, con mucha frecuencia, desde hace dos meses. “Y está a punto de comenzar la siembra de verano”, comenta con un suspiro.
La política boliviana está en dificultades: en junio hubo un intento de golpe de Estado encabezado por un general destituido. La economía también es un caos. En febrero de 2023, cuando empezaron a faltarle los dólares, el banco central dejó de publicar informes semanales sobre sus reservas. Desde entonces, el gobierno ha reunido mes con mes los dólares que necesita.
En este contexto, se ha ido ensanchando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro. Los bienes de importación escasean y los precios suben cada vez más. Es una crisis cambiaria en cámara lenta. Los bolivianos ven venir una devaluación. El partido Movimiento al Socialismo (MAS) ha gobernado a Bolivia, con excepción de un año, desde 2006. Durante parte de ese periodo, Bolivia experimentó una estabilidad y un crecimiento extraordinarios.
Un tipo de cambio fijo, subsidios a la energía y los alimentos y una enorme inversión pública son los pilares del modelo económico del MAS. El Estado ha financiado este proyecto con dólares derivados de la exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Por desgracia, a este modelo se le acabó el combustible. Llegó a su fin el auge de esta materia prima y los precios se desplomaron. La empresa estatal de gas dejó de perforar pozos, así que disminuyó la producción.
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Las reservas internacionales, que eran de US$ 15,000 millones en 2014, ahora se encuentran aproximadamente en US$ 2,000 millones, con solo 153 millones en dólares. En este momento, el gobierno batalla para pagar las importaciones de combustible.
Resulta que esta economía anclada en dólares y combustible baratos ya no cuenta con ninguno de los dos. La consecuencia es una “agonía prolongada”, en palabras del analista político José Luis Exeni. Los importadores están sacando sus inventarios y elevando los precios. En los supermercados hay anaqueles vacíos y empleados sin nada que hacer.
Los exportadores, que batallan para conseguir insumos, producen menos. Se retiraron varios carteles publicitarios en los que el presidente Luis Arce aparecía volando un aeroplano, con consignas que celebraban la estabilidad macroeconómica. El FMI predice que el crecimiento del PBI será del 1.6% este año, el más bajo en dos décadas (con excepción del primer año de la pandemia). Hace apenas dos años, el MAS presumía que la inflación de Bolivia era la más baja de la región. Ahora es de las más altas.
En respuesta, el gobierno siente tirones en dos direcciones distintas al mismo tiempo. En reuniones con el sector privado, habla de liberalizar las exportaciones agrícolas y cambiar la legislación para atraer inversiones en gas y petróleo. Por su parte, los sindicatos esperan que el gobierno obligue a los exportadores a repatriar más de los dólares que generan.
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Giovanni Ortuño, presidente de un grupo de cabildeo empresarial boliviano, afirma que Arce les aseguró que el gobierno no optará por esa ruta. Pero, en público, Arce no descarta la opción. Obligar a los exportadores no ayudaría en nada a resolver los problemas económicos fundamentales. Para eso, se requieren cambios en el tipo de cambio y el subsidio al combustible; el precio de la gasolina ha permanecido fijo en torno al medio dólar por litro desde 2004. Quizá también sea necesario un préstamo del FMI, además de una liberalización económica más amplia. Pero el MAS considera que esas reformas van en contra de sus principios.
“No son pragmáticos”, opinó la economista Beatriz Muriel. “Son muy dogmáticos”. La política estaba en terreno inestable ya desde antes del golpe en junio. El expresidente Evo Morales está luchando para que lo designen candidato del MAS en las elecciones presidenciales del año próximo. El gobierno de Arce está atado de manos porque no puede contar con los legisladores leales a Morales.
Alrededor de US$ 1,000 millones en préstamos de bancos de desarrollo, equivalentes a alrededor del 2% del PBI, esperan la aprobación del Congreso. Arce parece decidido a intentar sobrellevar la situación hasta las elecciones del próximo año sin aplicar ninguno de estos cambios dolorosos, pero necesarios.
Sin embargo, los electores de la clase obrera, que constituyen el grupo medular de apoyo al MAS, ya comenzaron a protestar. “Escasez y alza de precios; desplome del poder adquisitivo y aumento de la pobreza; deterioro del ánimo social”, señala Gabriel Espinoza, exdirector del banco central de Bolivia. “La pregunta es cuándo y cómo se traducirá esta situación en conflictos en las calles”.
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