Los “pasaportes dorados” caribeños son cada vez más caros, en respuesta a las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea para reprimir la venta de nacionalidades.
Un grupo de cuatro países caribeños acordó a partir del 30 de junio cobrar al menos US$ 200,000 por sus pasaportes, el doble de la tarifa actual en algunos casos. Los países también cerrarán las lagunas jurídicas que permitían la venta de pasaportes con descuento.
Los programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) recaudan al año más de US$ 579 millones en el Caribe y representan más de la mitad de los ingresos nacionales de algunas de las pequeñas naciones insulares de la región. Pero estos programas están siendo examinados por los organismos reguladores europeos y estadounidenses, que están cada vez más preocupados por la posibilidad de que se utilicen para eludir los controles de inmigración y sirvan de puerta de entrada a delincuentes.
Los “pasaportes dorados” dan acceso sin visado a la UE, el Reino Unido y otros países, lo que los ha vuelto populares entre nacionalidades que normalmente tendrían que solicitar permisos de viaje. Según un informe de la UE del año pasado, los cinco países caribeños con programas de BIC han concedido la ciudadanía al menos a 88,000 personas, entre ellas muchos chinos, rusos y nigerianos.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirmó que los programas pueden ayudar a los delincuentes a “perpetrar fraudes masivos y blanquear productos del delito y la corrupción que alcanzan los miles de millones de dólares”.
La demanda de pasaportes caribeños se está disparando, según Kara Doherty, directora gerente de Apex Capital Partners, empresa con sede en Antigua que asesora sobre segundas ciudadanías. Durante los dos primeros meses del año el interés aumentó casi un 300%, dice, y lo achaca al auge del bitcóin y otros tokens. Los ciudadanos estadounidenses, que ven en un segundo pasaporte una protección contra las turbulencias geopolíticas, también están impulsando las ventas.
Los países caribeños también acordaron compartir información, someterse a auditorías financieras independientes y mejorar la transparencia. Los cambios pretenden reponder a “las preocupaciones que la UE, en particular, habría tenido con estos programas”, dijo el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, en un comunicado.
Un solo país que se resista podría socavar el esfuerzo.
Santa Lucía, donde los pasaportes se venden a US$ 100,000, no firmó el acuerdo, que solo incluye a Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda. San Cristóbal tiene el programa CBI más antiguo y caro del Caribe, con US$ 250,000.
Los funcionarios de Santa Lucía no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El nuevo acuerdo también pretende frenar la venta de pasaportes con descuento. En algunos casos, los promotores inmobiliarios locales podrían entregar pasaportes a los compradores a una fracción del precio original, con promesas de pagos futuros. Pero si los proyectos se estancan, los compradores podrían quedarse con la ciudadanía a precios inferiores al mercado.
El primer ministro de la isla de San Cristóbal, Andrew Drew, dijo que la venta de pasaportes con descuento es “un flagelo para la industria CBI” porque socava los ingresos del Gobierno y conduce a proyectos inacabados.
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