Uno de los principales socios del bufete panameño que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá (Panama Papers) en 2016 y otros exdirectivos de la firma se deslindaron el lunes del presunto delito de blanqueo de capitales al iniciar el juicio relacionado con ese escándalo de alcance mundial en el país centroamericano.
“No soy responsable”, respondió el abogado panameño de origen alemán Juergen Mossack a una pregunta de la jueza del caso y los mismo hicieron otros acusados en el proceso.
Ramón Fonseca, el otro socio de la firma Mossack-Fonseca, no se presentó y ni siquiera seguía la audiencia en línea debido a que, según su defensa, estaba recluido en un hospital.
Después de postergarse en varias ocasiones, arrancó finalmente el juicio a los 27 imputados, que también incluye a exejecutivos y exrepresentantes de la firma dentro y fuera de Panamá.
Las investigaciones se iniciaron luego de la publicación de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.
Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.
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En Panamá el caso incluye una investigación voluminosa y de varios años que tiene que ver en términos generales con el papel que jugó la firma en la creación de sociedades en ultramar que se utilizaron presuntamente para transferir y mover dinero ilícito utilizando el sistema financiero panameño por parte de países como Alemania, Brasil y Argentina, adonde los fiscales panameños viajaron en busca de colaboración.
La firma Mossack-Fonseca es acusada, por ejemplo, de haber facilitado la creación de sociedades anónimas para mover fondos para el pago de sobornos relacionados con el caso Lava Jato, considerado la mayor trama de corrupción de Brasil, pero la investigación también menciona sociedades tramitadas por el bufete que se usaron para el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El bufete, que cerró sus oficinas en Panamá y en otras decenas de países en marzo de 2018, rechazó que se lo investigara en Panamá al argumentar que la firma fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial y que la información “robada” y divulgada tergiversó la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales.
Al llegar al tribunal donde se celebra el juicio en Ciudad de Panamá, el abogado Mossack, de 76 años, aseguró que era muy optimista. “Si hay justicia de verdad, salimos bien librados”.
Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisión del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
Fiscales estadounidenses también han acusado que el despacho jurídico Mossack-Fonseca conspiró para evadir las leyes de Estados Unidos a fin de mantener la riqueza de sus clientes y ocultar dinero adeudado al Servicio Interno de Impuestos. También aseguran que el amaño data del año 2000 e involucra fundaciones falsas y empresas fantasma en Panamá, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.
Fonseca ha dicho que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus clientes pudieran utilizar las herramientas offshore —empresas registradas en una jurisdicción extraterritorial— que fueron creadas para ellos.
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