La reciente interrupción del sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ya restablecido, ha puesto en evidencia no solo la vulnerabilidad de una infraestructura crítica, sino también un problema de fondo: la aplicación desigual de las reglas en un sistema de monopolio natural.
Durante la pandemia del COVID-19 —un evento global reconocido como fuerza mayor— diversas empresas en el Perú se vieron impedidas de operar. Sin embargo, en casos como el de SDF Energía (SDFE), el concesionario de transporte rechazó la aplicación de fuerza mayor, continuó facturando el servicio e incluso reclamó indemnizaciones por lucro cesante en arbitraje (un doble cobro porque se trata de un monopolio).
Hoy, frente a una contingencia que afectó al propio sistema, el mismo concesionario evalúa o invoca la figura de fuerza mayor para eximirse de responsabilidades frente a sus clientes.
El contraste es evidente:
- cuando la crisis afectó a los usuarios, la fuerza mayor fue rechazada;
- cuando la crisis afecta al operador, la fuerza mayor se invoca.
Este patrón no es aislado. Durante la pandemia, diversos usuarios enfrentaron situaciones similares, lo que evidencia una asimetría en la asignación de riesgos en un mercado donde no existe competencia.
En un monopolio natural como el transporte de gas, la regulación es la única defensa del usuario. Por ello, la crisis actual plantea preguntas urgentes sobre el rol del regulador, los estándares de confiabilidad exigidos y la forma en que se distribuyen los riesgos dentro del sistema.
El restablecimiento del servicio es indispensable. Pero no suficiente.
Si no se revisan las reglas, los incentivos y el rol del regulador, la próxima crisis no será una sorpresa: será una consecuencia previsible.
Porque cuando un monopolio puede negar la fuerza mayor a sus usuarios y luego invocarla para sí mismo, el problema ya no es técnico; es institucional.
