El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este lunes que su plan de reabrir temporalmente una gran mina de cobre de propiedad canadiense, cerrada el año pasado en medio de una controversia legal y social, dependerá del resultado de un estudio ambiental sobre su estado.
Mulino ha dicho que una de las opciones frente al tema de la mina es abrirla temporalmente para cerrarla, dado el elevado costo de su mantenimiento y porque en el lugar se encuentra 120,000 toneladas de mineral retenidas.
Se trata de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals, un proyecto con coste de hasta US$ 10,000 millones y cuya operación representaba cerca del 5% del producto bruto interno (PBI) y el 75% de las exportaciones del país centroamericano.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró a finales de noviembre pasado inconstitucional el contrato de concesión de la mina, en medio de las mayores protestas callejeras en décadas en el país en contra de la minería y de otros problemas nacionales.
El yacimiento comenzó a exportar en 2019 y en 2022 llegó a representar el 2% de la producción mundial de cobre de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
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Se encuentra en fase de mantenimiento y preservación luego que el Supremo panameño ordenó su cierre. Grupos ambientalistas que presionaron su clausura acusaron severos daños ambientales en zona.
Mulino dijo este lunes que ordenará “una estricta auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales, para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada”.
“Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental”, afirmó el gobernante.
Mulino dejó claro que “hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y el pedido” del pueblo de que la minería no se desarrolle en Panamá.
Pero “bajo las condiciones actuales ese lugar representa un desastre ambiental en potencia que debemos evitar”. El gobierno saliente se fue “dejándonos bombas con las mechas encendidas. No hacer nada no es una opción responsable”, sostuvo.
El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) aprobó en febrero pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, un proceso con costo de ejecución de entre 7 y 9 años de entre 800 y 1,000 millones de dólares, según los datos oficiales.
First Quantum ya inició un proceso de arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (Estados Unidos), por US$ 20,000 millones según datos de prensa, y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur.
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