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Los líderes de la protesta en Colombia convocaron para el miércoles a la segunda huelga general en menos de una semana contra el gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no logra desactivar el descontento social que ya deja cuatro muertos.
"Hoy tendremos movilizaciones, cacerolazo al mediodía, velatón [protesta con velas] y cacerolazos por la noche, paro el día de mañana", anunció Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos del país.
El dirigente encabezó la primera reunión entre el gobierno y algunos sectores de la protesta en la sede presidencial, que concluyó sin acuerdos.
Miles de personas se manifiestan a diario desde el pasado jueves, cuando una primera huelga derivó en la mayor movilización que haya enfrentado gobierno alguno desde finales de los setenta. Las marchas y el ruido de las cacerolas se alternan con algunos episodios de represión oficial.
La víspera murió un estudiante de 18 años herido el sábado por la fuerza antidisturbios de la policía (Esmad). El caso de Dilan Cruz, quien fue agredido por uniformados en el centro de Bogotá, encendió aún más el rechazo entre el movimiento estudiantil, que ahora pide la disolución del Esmad.
Cientos de jóvenes se concentraron frente al hospital donde falleció Cruz con carteles de repudio. Y en otro punto de la ciudad hubo un plantón en silencio.
"Queremos el desmonte del Esmad, es una entidad que reprime la protesta social y nos asesina", dijo Juan Guerra, un universitario de 19 años.
En su mayoría pacíficas, las protestas han dejado sin embargo cuatro muertos, unos 500 heridos entre civiles, policías y militares, además de 172 detenidos y 60 venezolanos expulsados por "actos vandálicos".
Este martes un policía quedó gravemente herido con "un artefacto explosivo no convencional" durante una manifestación en la ciudad de Neiva, según información oficial.
La impaciencia “es grande”
En medio de la ola de protestas que ha recorrido el continente sin un factor común, en Colombia las calles se volcaron contra Duque y su impopular gobierno de 15 meses. Casi siete de cada diez colombianos desaprueban su gestión, según una medición a noviembre de la encuestadora Invamer.
El domingo el presidente instaló un "diálogo social" frente a la avalancha de reclamos que se han venido incubando y que por décadas fueron silenciados por el ruido del conflicto armado con la ya disuelta guerrilla de las FARC.
"Somos una generación que ha tenido que crecer realmente viendo cómo nuestros padres sufren para luchar, para conseguir un mínimo. La educación pública para nosotros también es limitada y muchas veces pedir un préstamo es muy complicado", señaló a AFP Ivonne Garay, estudiante de Sicología de 23 años.
Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), arrastra un desempleo del 10.1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
También los colombianos han hecho sentir su rechazo al rebrote de la violencia financiada por el narcotráfico en varios puntos, y el incumplimiento o retraso de los acuerdos de paz con las FARC, convertida en partido en el 2017.
"La impaciencia ciudadana es grande, el reclamo ciudadano es grande, pero también es muy importante entender que los gobiernos no pueden ni ser promeseros, ni los gobiernos tienen varitas mágicas con las que se producen soluciones milagrosas e inmediatas", admitió Duque el lunes.
Diálogo dilatado
El gobierno cree que es blanco de una campaña de desinformación y falacias que ha dado combustible a la movilización, aunque Duque considera legítimos algunos reclamos.
De su lado, centrales obreras rechazan supuestas iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones.
El mandatario se ha empeñado en explicar los beneficios que según él también contiene un proyecto de reforma que busca aumentar la recaudación de impuestos. "La idea es devolverle el ciento por ciento del IVA (del 19%) a las familias más vulnerables de Colombia", dijo Duque.
Las conversaciones con el gobierno se desarrollarán hasta el 15 de marzo a nivel nacional y regional para hablar de lucha anticorrupción, desempleo, "crecimiento económico con equidad", educación, fortalecimiento de instituciones, paz y medio ambiente.
Al final, se buscará consolidar un paquete legislativo, iniciativas de políticas públicas y que las "inquietudes" sean incluidas en los planes de desarrollo de los alcaldes que asumen en enero, explicó el coordinador nacional del diálogo, Andrés Molano.
Los líderes de la protesta han presentado una plataforma variopinta de 13 pedidos que van desde el retiro de una reforma tributaria hasta el compromiso de no privatizar bienes del Estado, pasando por el trámite “inmediato” de normas anticorrupción, según el Comité del Paro.