El Gobierno de Argentina aseguró este miércoles que no quiere limitar, sino ordenar, el acceso a la información pública, después de que el presidente del país, Javier Milei, modificara por decreto aspectos de la ley que garantiza el acceso a esa información.
“De ninguna forma la intención del Gobierno es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información”, aseveró el jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, al presentar el informe de gestión del Gobierno ante la Cámara de Diputados.
Varias preguntas de los parlamentarios versaron sobre el decreto de Milei publicado el lunes por el cual se reglamenta la ley de acceso a la información pública.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de la prensa han cuestionado el decreto, ya que este determina que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal -papeles de trabajo, reuniones previas, etcétera-.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
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“Claramente no fue la intención del Gobierno el limitar el acceso a la información y para eso se hicieron consultas a distintos actores, como la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera ninguna violación al derecho constitucional”, sostuvo Francos.
Alegó que “la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda” responder a cada solicitud presentada.
“La intención es intentar ordenar pero de ninguna manera restringir el acceso a la información”, insistió el jefe de Gabinete.
Francos aseguró que transmitirá a Milei las inquietudes planteadas por los parlamentarios sobre esta cuestión.
“Modificaremos el decreto, si fuera necesario. Haremos las consultas. Estamos dispuestos a analizarlo”, señaló.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía, mediante un mecanismo de petición, el derecho de acceso a la información pública.
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