El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó este viernes el contencioso legal que mantiene con la Universidad de Harvard al presentar una demanda en su contra en la que le acusa de ocultar información al Gobierno de Donald Trump durante la investigación de su proceso de admisión para determinar «si sigue discriminando».
«Harvard no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones están libres de discriminación; seguiremos luchando para que el mérito prevalezca sobre las políticas DEI (Diversidad, equidad e inclusión) en todo EE.UU.», aseguró la fiscal general del Estado, Pam Bondi.
A su regreso a la Casa Blanca, el mandatario prohibió las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión, pensadas para garantizar la representatividad, el trato justo y el acceso a todos a las instituciones.
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La denuncia alega que el centro «ralentizó repetidamente el ritmo de presentación y se negó a proporcionar los datos y documentos pertinentes solicitados por el Departamento de Justicia».
Entre la información que, dicen, la universidad ocultó, el Departamento destaca la relacionada con «la raza, el origen étnico, la diversidad, la equidad y la inclusión» de los alumnos admitidos.
«La demanda solo pretende obligar a Harvard a presentar documentos relacionados con cualquier consideración de raza en las admisiones y no acusa a Harvard de discriminación racial», apuntó el Departamento en un comunicado.
El pulso legal entre Harvard y el Gobierno Trump
Este es un nuevo paso en la disputa legal entre la universidad y la Administración de Trump. En febrero de 2025, el Ejecutivo le envió una carta formal exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.
Tras la negativa del centro, el Gobierno congeló más de US$ 2,000 millones en fondos federales para la entidad por supuestamente llevar a cabo una política antisemita.
Harvard demandó a Trump y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos. Trump intentó prohibir al centro la matriculación de estudiantes extranjeros y declaró que es «un peligro para la democracia».
Hace unos días, el mandatario exigió al centro una indemnización de US$ 1,000 millones en concepto de «daños y perjuicios» después de que The New York Times informara que el Gobierno se había rendido en el contencioso legal.
