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El Gobierno de Ecuador anticipó que responderá con la legislación ecuatoriana, el derecho internacional y las convenciones respectivas al asilo concedido por el Gobierno de Argentina a María de los Ángeles Duarte, que fue ministra durante el periodo presidencial de Rafael Correa y condenada por corrupción.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló que recibió una nota diplomática del canciller argentino, Santiago Cafiero, en la que comunicaba una decisión respecto a Duarte, e indicó que la Cancillería ecuatoriana adoptará una respuesta que comunicará “en su oportunidad”.
Según confirmaron a EFE fuentes en Buenos Aires, esa decisión del Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, es la de otorgar el asilo diplomático solicitado por Duarte en función de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
La exministra está refugiada desde hace casi dos años y medio en la Embajada de Argentina en Quito junto a su hijo adolescente, de padre argentino, en calidad de “huésped por razones humanitarias” a la espera de que el Gobierno argentino se pronunciase sobre su solicitud de asilo.
El asilo diplomático implica que Duarte salga de la embajada para viajar a Argentina, para lo que necesita que las autoridades ecuatorianas respeten la decisión del Gobierno argentino y no la detengan por la condena en firme que afronta de ocho años de prisión por cohecho.
Fuentes argentinas anticiparon que el viaje puede ser la próxima semana, para lo que “habrá gestiones diplomáticas para que se concrete una reunión jurídico-técnica con Quito”.
Ante la posibilidad de que se concediese el asilo, anticipada el pasado fin de semana por medios argentinos, el Gobierno de Ecuador recordó en un comunicado que “las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”.
Duarte fue condenada en 2020 a ochos años de cárcel por cohecho como parte del caso “Sobornos 2012-2016″, una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La exministra, que ocupó la cartera de Obras Públicas por casi dos años, entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política, lo que le llevó a refugiarse el 13 de agosto de 2020 en la Embajada de Argentina.
El expresidente Correa (2007-2017), que fue uno de los condenados a ocho años de cárcel en este mismo caso en calidad de autor mediato (con dominio y conocimiento del hecho), siempre ha negado las acusaciones en su contra y ha denunciado una persecución política para dejarlo fuera del tablero electoral.
Correa, que reside desde 2017 en Bélgica y alega tener la condición de refugiado por las autoridades belgas para evitar la extradición solicitada por la Justicia ecuatoriana, siempre mantuvo una buena relación tanto con el actual mandatario argentino, el también izquierdista Alberto Fernández, como con la vicepresidenta, Cristina Fernández.
Fuente: EFE
