El veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a una ley de financiación de la educación pública superior recientemente aprobada por el Parlamento ha agudizado el conflicto con profesores y estudiantes, que reclaman mayores fondos para las universidades.
El eje del conflicto
El conflicto universitario se inició en los primeros meses de este año, con crecientes protestas por parte de profesores, personal no docente y estudiantes ante la decisión del Gobierno de no actualizar el presupuesto destinado a las universidades públicas, que sufrió un fuerte recorte en términos reales debido a la elevada inflación en Argentina, que tocó un pico del 289.4% interanual en abril pasado.
Tras una masiva movilización de protesta el 23 de abril, el Ejecutivo otorgó fondos adicionales para garantizar el funcionamiento de las universidades, aunque los reclamos continuaron por parte de los sindicatos ante la falta de un ajuste salarial que compensara la inflación.
En paralelo, sectores de la oposición impulsaron en el Parlamento un proyecto de ley de financiación a la educación universitaria, que finalmente fue aprobada el 13 de setiembre, pero que Milei vetó en su totalidad mediante un decreto firmado el 3 de octubre, un días después de otra multitudinaria movilización en reclamo de mayores fondos para la educación superior.
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El coste de financiar la universidad pública
La ley de financiación universitaria establece actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236.7% interanual.
Asimismo, ordena una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.
Al vetar la norma, Milei alegó que su aplicación comprometería el objetivo del equilibrio fiscal buscado por el Gobierno.
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley, de aplicarse, tendría un impacto presupuestario equivalente al 0.14 del PBI, por lo que la comunidad universitaria considera que no afecta sustancialmente a las cuentas públicas.
El Ejecutivo pretende que la financiación de las universidades se discuta como parte del debate parlamentario del Presupuesto nacional de 2025.
El veto presidencial
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas, en las que el oficialismo está en minoría y necesita tejer alianzas con sectores de la oposición.
Sectores de la oposición han convocado a una sesión plenaria en la Cámara de Diputados para debatir sobre el veto a la ley, que tendrá lugar este miércoles ante fuertes protestas convocadas por movimientos sociales y educativos.
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Milei ya vetó recientemente otra ley, una iniciativa destinada a establecer los aumentos en las jubilaciones, pero logró luego evitar la ratificación parlamentaria mediante el voto negativo de ciertos sectores de la oposición.
En caso de que el Parlamento rechace el veto presidencial, el Gobierno no descarta llevar la cuestión a la Justicia pues considera que la ley está “viciada” porque no específica de dónde deben salir los recursos para hacer frente a los gastos estipulados en la iniciativa, lo que contradice normativas relativas a la administración presupuestaria.
La importancia de la educación pública
El acceso a la educación universitaria pública es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en Argentina, donde el peso de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes: seis de cada diez personas de entre 15 y 29 años no puede cubrir sus necesidades básicas, según datos oficiales del primer semestre.
El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles, en 2022 había 510,221 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y casi 2 millones en universidades nacionales estatales.
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