Tras un año de amenazas y declaraciones de dominación hemisférica, la campaña de Donald Trump para “recuperar” el Canal de Panamá, arrebatándolo del supuesto control chino, finalmente ha dado resultados. El 29 de enero, la Corte Suprema de Panamá dictaminó que el contrato de Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar los puertos en cada extremo del canal, viola la Constitución panameña.
Al día siguiente, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, declaró que APM Terminals, parte de la empresa danesa Maersk, administraría los puertos hasta que se puedan licitar nuevos contratos. Es difícil imaginar que todo esto hubiera sucedido sin la presión ejercida por Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos se sentía “alentado” por la decisión. Sin embargo, se avecinan nuevos riesgos para Panamá.
En marzo del año pasado, parecía que los problemas de Trump sobre el canal podrían resolverse con una transacción comercial. Un consorcio de empresas occidentales adquiriría los puertos como parte de un acuerdo más amplio con CK Hutchison. Pero China se resistió a la venta.
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Tres días después de que venciera el plazo para cerrar el acuerdo, la Contraloría General de Panamá presentó el caso de CK Hutchison ante la Corte Suprema. Muchos panameños están indignados por la inevitable impresión de que su gobierno y su sistema legal bailan al compás de Trump.
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China calificó el fallo de “absurdo” y “patético”, y añadió que Panamá pagaría un “alto precio”. La decisión de la Corte Suprema no puede ser apelada, pero puede someterse a arbitraje internacional.
El 3 de febrero, CK Hutchison anunció que lo haría, lo cual podría ser costoso, tanto financieramente como para la reputación de las élites políticas panameñas que han consentido a CK Hutchison durante varias administraciones. China tiene otras maneras de contraatacar. Podría decidir imponer límites a los buques con bandera panameña, recortar la financiación de infraestructuras al país o impulsar el desarrollo de rutas comerciales transoceánicas alternativas.
Esta combinación de imágenes de archivo muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: JIM WATSON, ARMANDO ACEVEDO / AFP
El presidente Mulino instó a CK Hutchison a “cooperar abiertamente” durante el período de transición. Sin embargo, la empresa tiene muchas maneras de perturbar el comercio. Podría, por ejemplo, negarse o demorarse en ofrecer acceso a su software propietario que gestiona las terminales portuarias.
El fallo también perjudica las credenciales de inversión de Panamá. En 2023, la Corte Suprema ordenó el cierre de Cobre Panamá, una vasta mina de cobre de propiedad extranjera. Panamá perdió su calificación de grado de inversión cuatro meses después. Y está el problema de las futuras licitaciones. Maersk, cuyas filiales compraron el ferrocarril que une ambos puertos en abril pasado y se dispone a operar los puertos por sí misma durante la transición, tiene una posición privilegiada para ganar. Esto podría exponer al gobierno panameño a acusaciones de favoritismo.
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Quizás para evitar tales acusaciones, en enero la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un organismo estatal, anunció las condiciones para dos nuevos puertos y un gasoducto de gas licuado de petróleo. Anteriormente, había dicho que las licitaciones estarían abiertas a empresas de cualquier país. Pero si una empresa china presentara la oferta más competitiva, la ACP se vería presionada a buscar maneras creativas de rechazarla, o se arriesgaría a enfadar de nuevo a Estados Unidos.
Un hombre con un plan
La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y las ominosas amenazas sobre la soberanía de Groenlandia captan la atención mundial, pero la presión que Trump ha impuesto a Panamá es más relevante para el resto de las Américas. Los países pequeños son vulnerables.
Estados Unidos ahora quiere un hemisferio occidental “libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave”. Panamá podría convertirse en un modelo a seguir. Tomás Sucre Ulloa, abogado panameño que sigue el caso, señala que muchos políticos panameños que una vez defendieron a CK Hutchison ahora se oponen a ella con Estados Unidos “presionándolos”. “La ley no cambió”, dice, “el clima geopolítico sí”.
