Las polémicas rebajas de pena aprobadas por el Gobierno de Chile a 56 condenados por abusos sexuales y pederastia están lastrando la imagen del presidente José Atonio Kast, cuya aprobación ha caído a mínimos menos de ocho meses después de su llegada al poder, según diversas encuestas publicadas en las últimas horas.
Tres encuestas publicadas el domingo mostraron que la aprobación de Kast se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia. Cadem la situó en 26%, siete puntos menos desde que comenzó la controversia, mientras Criteria y Pulso Ciudadano también registraron nuevos mínimos.
La crisis comenzó después de que se conociera que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, había firmado decretos para reducir las condenas de decenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores, lo que permitió que algunos salieran anticipadamente de prisión. Una ley de 2022 había excluido a algunos delincuentes sexuales de esos beneficios, pero el ministerio de Rabat concluyó que la restricción no podía aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de ese cambio.
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“La caída de Kast se ve estructural”, dijo Kenneth Bunker, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. “No es un episodio aislado, sino una tendencia que ya lleva varios meses y que la crisis en Justicia solo aceleró”.
Kast comenzó su mandato en marzo con una aprobación de 57% en las encuestas de Cadem.
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El episodio es particularmente perjudicial para Kast porque construyó gran parte de su carrera política sobre la promesa de restablecer el orden público y adoptar una postura más dura frente a los delitos violentos. El presidente ha reconocido que el gobierno cometió un error, pero optó por mantener a Rabat en el cargo, argumentando que destituir al ministro no solucionaría el problema de fondo.
Rabat, por su parte, ha defendido firmemente su actuación y sostiene que el ministerio procedió de acuerdo con la ley y con fallos judiciales vigentes. Esta crisis se suma al creciente malestar por el estancamiento de la economía.
El 70% de los encuestados por Cadem está en desacuerdo con la decisión de Kast de mantener a Rabat en el cargo, mientras que el 78% desaprueba la forma en que el ministro manejó el episodio.
El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat (c), llega este miércoles a la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional en Valparaíso (Chile). La Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que pide al presidente del país, José Antonio Kast, que destituya a Rabat por haber autorizado rebajas de penas a medio centenar de pederastas, violadores y condenados por crímenes de lesa humanidad. EFE/ Cristóbal Basaure
“La salida del ministro resolvería la crisis inmediata, pero no revertiría el daño”, dijo Bunker. “El costo en aprobación ya está pagado”.
La controversia también está dejando al descubierto fisuras en la coalición gobernante. Legisladores de la oposición preparan una acusación constitucional contra Rabat, y algunos parlamentarios de derecha han dicho que podrían respaldarla. Esto deja al gobierno intentando imponer disciplina entre legisladores para quienes defender a Rabat supone un costo político inusualmente alto ante los votantes.
La crisis provocó el viernes la salida del primer alto funcionario del gobierno, cuando Kast aceptó la renuncia del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien también había firmado algunos de los decretos cuestionados mientras reemplazaba a Rabat. Silva había publicado previamente un video en redes sociales en el que afirmó que había actuado siguiendo criterios establecidos por el ministro, sin coordinar el mensaje con su superior.
Elaborado con información de Bloomberg y EFE
