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Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la retirada de Argentina, cuyo presidente es el peronista Alberto Fernández, de la denuncia contra el régimen chavista de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Ante la gravedad de la decisión argentina de retirar la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional insta al Gobierno que se posicione enérgicamente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, expresó la organización en un comunicado.
Remarcó que Venezuela atraviesa una gravísima crisis de derechos humanos sobre la cual ha denunciado delitos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad y pidió a Argentina que apoye la investigación de la CPI).
En setiembre del 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.
Pero el actual Gobierno de Fernández decidió en marzo pasado retirarse del Grupo de Lima, que desconoce la presidencia de Nicolás Maduro, y este jueves se retiró de la demanda.
AI explicó en el comunicado que la directora ejecutiva de la organización en Argentina, Mariel Belski, mandó una carta a la Cancillería de ese país en la que expresó sorpresa y preocupación ante la decisión del Gobierno peronista.
Apuntó que Argentina es un país con una gran trayectoria e historia en su política exterior de derechos humanos y por ello sería sorprendente y alarmante que haya decidido retirarse de esta solicitud de investigación, apuntó.
En la misiva, Belski dijo que esta investigación reconoce el rol clave de la CPI para garantizar justicia y reparación a las víctimas de los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos en Venezuela.
Destacó los informes y estudios que ha realizado la organización en Venezuela, en donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte del régimen de Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos el 2017.