El desmantelamiento de los controles de precios y los subsidios de la era socialista en Bolivia está conquistando a los inversionistas, pero también llevando a bolivianos descontentos a las calles.
Las reformas de libre mercado del presidente Rodrigo Paz han ayudado a estabilizar la moneda y reabrir el acceso a los mercados internacionales de deuda desde que asumió el cargo el año pasado. Los inversionistas respondieron impulsando con fuerza los bonos del país.
Dentro de Bolivia, la reacción ha sido muy distinta. El fuerte aumento de los precios de los alimentos y una economía que va camino a contraerse por tercer año consecutivo han alimentado protestas que paralizaron amplias zonas del país este año y planteado dudas sobre cuánto más ajuste puede imponer Paz.
El apoyo público ha caído con fuerza. Solo el 24% de los bolivianos dijo que el país iba por buen camino en una encuesta de Ipsos Ciesmori realizada en septiembre, frente al 68% en enero, mientras que la aprobación de Paz se desplomó del 65% al 21% durante el mismo período.
El dilema al que se enfrenta Paz es común en toda América Latina, donde los gobiernos han tenido dificultades para contener el gasto y eliminar controles económicos sin agotar la paciencia de los votantes antes de que las reformas comiencen a dar frutos. En Argentina, el presidente Javier Milei conquistó a los inversionistas con un amplio ajuste fiscal y desregulación, pero luego enfrentó un debilitamiento de la actividad y una caída de su aprobación mientras persistía el impacto de las medidas.
Para Reyna Villena, el ajuste se siente a la hora de la cena.
“No alcanza, tienes que estirar la plata”, señaló Villena, una madre soltera de 48 años con seis hijos que lustra zapatos frente a una iglesia en el centro de La Paz.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio de Gobierno de La Paz, el 31 de agosto de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
La carne de res, el pollo y los huevos están ahora prácticamente fuera de su alcance, por lo que el pan, el té, el arroz y los fideos se han convertido en alimentos básicos para ella y sus hijos, explicó.
El costo de muchos productos básicos se ha disparado a medida que el gobierno desmantela el sistema de subsidios heredado de las administraciones socialistas que gobernaron durante gran parte de las últimas dos décadas. Los precios de 18 de 21 alimentos básicos se han más que duplicado, mientras muchos bolivianos dicen haber tenido que reducir el número de comidas diarias, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo.
Bolivia se encuentra entre los países de menores ingresos de América, con cerca de la mitad de su población en situación de pobreza. Además, solo alrededor de uno de cada diez bolivianos tiene un empleo formal, señala Carla Cordero, analista de política social de Fundación Jubileo, una organización de investigación vinculada a la Iglesia católica.
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Eso deja a los hogares particularmente expuestos al alza de los precios de los alimentos, los combustibles y otros bienes esenciales. Con una pobreza extendida y la mayoría de los trabajadores dependiendo de la economía informal, muchos bolivianos tienen pocos ahorros, escasa seguridad laboral y acceso limitado a protecciones sociales que les permitan amortiguar el impacto, dijo Cordero.
Eso hace que el ajuste del gobierno sea particularmente delicado y eleva el riesgo de un “estallido social”, señaló.
El costo de la estabilización
El gobierno atribuye las dificultades a los desequilibrios económicos heredados de años de gobierno socialista.
“Hoy por hoy, los bolivianos lamentablemente estamos pagando los platos rotos y la fiesta que se tiraron los del gobierno anterior durante largos años”, dijo a la prensa el vocero presidencial, José Luis Gálvez, el 14 de octubre.
El gobierno ha anunciado transferencias sociales para amortiguar el impacto de medidas como la eliminación de los subsidios al diésel. Estas incluyen pagos en efectivo a grupos vulnerables, entre ellos mujeres embarazadas, estudiantes de escuelas públicas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Paz apuesta a que la inversión privada genere empleos que sustituyan la actividad que antes se sostenía mediante el gasto público. Sin embargo, elementos clave de esa estrategia han tardado en concretarse. Un paquete legislativo prometido desde hace tiempo para los sectores minero y de hidrocarburos aún no ha llegado al Congreso, casi un año después de asumir el cargo.
En el mercado Lanza de La Paz, Herminia Medrano ha visto cómo se vaciaban las sillas alrededor de su puesto de comida. Esta mujer de 71 años lleva medio siglo vendiendo sopas y almuerzos allí.
“Parece que la gente está susceptible y ya no come” fuera de casa, comentó.
Medrano señala una olla grande que ya no usa. A medida que desaparecieron los clientes, primero pasó a una de tamaño mediano y, finalmente, a la más pequeña que tiene. Ella y otros vendedores inicialmente subieron los precios, pero cuando los clientes comenzaron a escasear optaron por reducir los ingredientes y ofrecer menos platos.
Sin embargo, según varios de los principales indicadores, la economía boliviana se está estabilizando. El tipo de cambio del mercado paralelo, que llegó a superar los 20 bolivianos por dólar en los últimos meses del gobierno de Arce, se ha fortalecido hasta alrededor de 12. Y, pese al fuerte aumento del costo de los alimentos, la inflación general se desaceleró al 5,7% en septiembre, desde el 23% de un año antes, mientras que la escasez de combustible ha disminuido desde que Paz comenzó a desmontar los subsidios.
La mejora de la inflación general ofrece menos alivio a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a alimentos básicos cuyos precios han subido mucho más rápido.
Mercados de capital globales
El giro ha permitido a Bolivia obtener una serie de mejoras en su calificación soberana y un programa del FMI por US$ 1,900 millones, lo que le brinda un colchón financiero tras años de caída de las reservas.
Moody’s Ratings elevó la calificación de Bolivia en septiembre, citando un menor riesgo de un evento crediticio tras un canje de bonos en marzo y el regreso del país a los mercados internacionales de deuda. La perspectiva sigue siendo positiva.
“Lo que realmente estamos viendo es la durabilidad: que Bolivia siga implementando las reformas, y que estas no sean simplemente una respuesta a la entrada de liquidez, sino que se mantengan en el tiempo”, dijo Dylan Walsh, analista de Moody’s para Bolivia.
El Parlamento de Bolivia instaló la sesión que debe discutir una eventual ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el Gobierno de Rodrigo Paz, ante los anuncios de sectores sociales de movilizarse contra las medidas económicas que impulsa el Ejecutivo. EFE/ Luis Gandarillas
Las reservas de efectivo en moneda extranjera siguen siendo escasas, con US$ 536 millones a fines de septiembre. El programa del FMI por US$ 1,900 millones, junto con otros US$ 4,000 millones a US$ 5,000 millones previstos de entidades multilaterales, da a Bolivia cierto margen de maniobra en el corto plazo, pero también suma obligaciones que el país deberá pagar más adelante, agregó Walsh.
Para los partidarios del programa de Paz, las dificultades son la resaca inevitable de años en los que Bolivia mantuvo artificialmente bajos los precios de los combustibles y no invirtió en nuevas industrias exportadoras que compensaran la caída de la producción de gas natural.
“Estamos mucho mejor que hace un año; parece que tenemos memoria a corto plazo”, dijo Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores.
Contracción económica
El FMI proyecta una contracción del 3% este año y del 1.5% en 2027 antes de volver a crecer apenas un 0.5% en 2028. El organismo señala que el ajuste a corto plazo afectará la demanda interna antes de que la inversión y la confianza comiencen a recuperarse.
Llegar a ese punto requerirá seguir reduciendo el déficit fiscal, reestructurar o cerrar empresas estatales deficitarias y completar cambios legales para hacer más atractivos para la inversión privada los sectores de minería, hidrocarburos y otras industrias, según el FMI. También será necesario contar con respaldo político en el Congreso para aprobar financiamiento externo y la legislación necesaria para atraer inversiones.
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Mientras tanto, las pequeñas empresas de Bolivia dicen que el impulso a la inversión del gobierno también debe apoyar a las firmas locales que ya enfrentan mayores costos, en lugar de centrarse principalmente en atraer a grandes inversionistas extranjeros. Señalan que las empresas nacionales serán clave para generar empleo a medida que la economía se ajuste.
Para la amplia fuerza laboral informal del país, el ajuste ya está poniendo a prueba los límites de lo que pueden soportar los hogares y las pequeñas empresas. César Gonzáles, dirigente de la confederación nacional que representa a vendedores ambulantes, artesanos y otros trabajadores por cuenta propia, dijo que las ventas entre sus afiliados han caído a la mitad.
Nuevos recortes a los subsidios al gas natural y la gasolina serían “un golpe muy duro para nuestra economía” y deberían implementarse de manera gradual, dijo Gonzáles.
“Los cinturones están ajustados hasta el fondo”, señaló.
