El expresidente Martín Vizcarra no asistió a audiencia de apelación por por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua. (Foto: Presidencia Perú)
El expresidente Martín Vizcarra no asistió a audiencia de apelación por por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua. (Foto: Presidencia Perú)

El expresidente Martín Vizcarra fue operado de emergencia, el último miércoles 18 de noviembre, según informó su abogado Alejandro Salas. Por esta razón, Vizcarra no pudo presentarse a la audiencia de apelación por el caso Loma de Ilo y Hospital de Moquegua.

Según detalló su defensa, Vizcarra fue intervenido en una clinica local por padecer una hernioplastía inguinal derecha laparoscópica.

Salas indicó que Vizcarra presenta una evolución favorable y permanece bajo observación médica. Asimismo, señaló que el expresidente permanecerá dos días en la clínica y luego deberá guardar reposo, que cumplirá en el penal.

Se tenia previsto que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional escuche los alegatos finales de la defensa del exmandatario. Al respecto Salas dijo en Canal N que cuestionan 28 aspectos de la sentencia que lo condena a 14 años de prisión.

Estimó que en tres semanas ya se podría tener una respuesta por parte del colegiado.

Caso Richard Swing

De otro lado, e

La decisión representa un revés para la Fiscalía y un fallo favorable a la defensa del exmandatario.

La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, quien concluyó que la Fiscalía introdujo una

¿Por qué el Poder Judicial devolvió la acusación contra Vizcarra?

La defensa de del expresidente, encabezada por el abogado Erwin Siccha, cuestionó que el Ministerio Público incorporara nuevos hechos a la acusación sin que estos hubieran sido autorizados por el Congreso.

Según el argumento de la defensa, durante el procedimiento parlamentario se sostuvo que el exmandatario habría favorecido a Cisneros debido a una relación de amistad.

Por su parte, el Ministerio Público sostuvo que no modificó los hechos ni los delitos autorizados por el Legislativo, sino que únicamente precisó la imputación contra Vizcarra, quien pasó de ser considerado presunto instigador a autor.

No obstante, el juez Juan Carlos Checkley respaldó el cuestionamiento de la defensa. En su resolución, señaló que tanto durante el procedimiento parlamentario como en la formalización de la investigación el presunto móvil de las contrataciones había sido la relación de amistad entre Vizcarra y Cisneros.

Por ello, concluyó que no se trataba de una simple precisión de los hechos, sino de una alteración de la hipótesis fáctica inicialmente formulada.

El magistrado recordó que los procesos penales contra altos funcionarios deben respetar los hechos aprobados por el Congreso. En caso de que la hipótesis fiscal cambie durante la investigación preparatoria, se requiere un nuevo pronunciamiento del Parlamento, previa presentación de otra denuncia constitucional.

“La variación advertida no puede justificarse, conforme sostienen el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, únicamente bajo la denominación de ‘precisión de los hechos’ ni por la incorporación de nuevos elementos de convicción o señalando el principio de progresividad”, señala la resolución.

OTRAS OBSERVACIONES

El Juzgado Supremo también identificó deficiencias en la exposición de los hechos.

En particular, advirtió que el requerimiento acusatorio no presenta de manera ordenada y diferenciada las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que sustentan la imputación principal por negociación incompatible y la alternativa por tráfico de influencias agravado.

Asimismo, cuestionó que la Fiscalía modificara el título de imputación de instigador a autor sin que se realizara una audiencia previa para evaluar esa variación en la calificación jurídica.

Finalmente, el juzgado dispuso devolver la acusación fiscal y ordenó al Ministerio Público subsanar las observaciones dentro del plazo de ley.

Además, estableció que, respecto de la modificación de los hechos, corresponde presentar una nueva denuncia constitucional ante el Congreso.

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