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La cámara de la industria de molienda y exportación de cereales de Argentina señaló el viernes su “profunda preocupación” por la intención del Gobierno de tomar el control de la empresa Vicentin, una de las principales trituradoras de soja del país y un jugador clave en las exportaciones agrícolas.
El proyecto para la intervención y posterior expropiación, que requerirá la aprobación del Congreso, fue anunciado por el presidente Alberto Fernández al comienzo de la semana, generó preocupación entre los agricultores. Vicentin y otros exportadores señalaron el riesgo de que la intervención del Estado en el sector podría comprometer su independencia.
“Se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen”, dijo la cámara exportadora CIARA-CEC en un comunicado.
"Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país", agregó.
Fernández caracterizó la intervención como un rescate de la empresa familiar argentina, que se encuentra en bancarrota, y no como una toma de poder por parte del Estado. Pero la comunidad empresarial y Vicentin han sido claros en su oposición al plan.
“No estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación”, dijo Vicentin en un comunicado emitido el jueves por la noche, después de que los directivos de la compañía se reunieron con Fernández.
La empresa señaló que “existen diferentes alternativas público-privadas superadoras y las autoridades han manifestado su disposición para analizarlas”.
Argentina es el principal proveedor mundial de alimentos para ganado de harina de soja, utilizados para engordar cerdos y aves de corral desde Europa hasta el sudeste asiático. Vicentin, fundada en 1929, llegó a ser el primer exportador argentino de subproductos de soja.
Sin embargo, la empresa se declaró en concurso preventivo en febrero tras entrar en “default” a fines del 2019, luego de emprender una expansión alimentada en base a créditos que fue seguida por un desplome del mercado argentino.
Su principal planta de trituración, llamada Renova y ubicada en el centro de exportación agrícola argentina de Rosario, provincia de Santa Fe, es una empresa conjunta con la potencia comercial Glencore.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, un aliado de Fernández, dijo a un canal de televisión local que estaba seguro de que se podría encontrar un acuerdo y que el presidente “está dispuesto” a escuchar alternativas.
