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El presidente argentino, Alberto Fernández, enfrenta la resistencia de la industria agrícola, empresarios e incluso ciudadanos activistas después de anunciar la decisión de nacionalizar uno de los mayores exportadores de harina y aceite de soja del mundo, Vicentin SAIC.
Argentinos desde Buenos Aires hasta Avellaneda, donde Vicentin tiene su sede, protestaron contra la expropiación. El miércoles por la noche, se escucharon cacerolazos en la capital, una forma tradicional de protesta.
Líderes de oposición, economistas e incluso un cercano exaliado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión, diciendo que solo complicará las cruciales negociaciones de deuda del país con acreedores privados. Dado que un tribunal ha estado supervisando la bancarrota de Vicentin, el Poder Ejecutivo también está siendo criticado por invadir asuntos judiciales en un país con una larga historia de tales tensiones.
“No había necesidad de expropiar Vicentin”, dijo Marcos Buscaglia, economista y cofundador de la consultora Alberdi Partners. “La nacionalización podría costarle caro al Gobierno y desbaratar las conversaciones de reestructuración de la deuda”.
Fernández anunció la nacionalización el lunes sin notificar previamente a los ejecutivos de Vicentin. La firma envió una declaración de protesta el lunes y sus líderes se reunieron con el presidente el jueves. Un funcionario del Gobierno dijo que no había ningún plan para cambiar el rumbo en este momento y la decisión de Fernández se mantiene, a pesar de las especulaciones sobre posibles retrocesos.
El ministro de Desarrollo Productivo del país, Matías Kulfas, dijo en una entrevista que se respetarían los fallos del juez de quiebras. Vicentin mismo pidió que el juez participe en cualquier expropiación. En un comunicado conjunto, las principales bolsas de cereales de Argentina señalaron que expresan “la importancia de respetar la división de los poderes en la República de Argentina”.
El episodio puede suponer un revés para el reciente aumento de Fernández en las encuestas, impulsado en parte por ciudadanos que no votaron por él en las elecciones del año pasado.
En marzo, implementó uno de los confinamientos más estrictos en América Latina para reprimir el COVID-19, tras lo que recibió elogios ya que muchas otras naciones de la región se convirtieron en epicentros de la pandemia. Sin embargo, la decisión de Vicentin está reviviendo viejos recuerdos de la presidencia de Fernández de Kirchner, cuando expropió la petrolera YPF en 2012.
“La peor dificultad que tiene el Gobierno es generar confianza”, dijo Mariel Fornoni, directora de la firma de encuestas Management & Fit. “El tema de poder haber comenzado a generar confianza era un valor, un activo fundamental para Fernández, y estas cosas lo que hacen es perderlo”.
Fornoni dice que el índice de aprobación de Fernández aumentó de 38% a 58% en las últimas semanas, antes de caer a 53% en el último sondeo de los encuestadores. Ella anticipa que su índice de aprobación caerá nuevamente la próxima semana.
La negativa reacción al anuncio de expropiación bien puede haber asustado a Fernández, quien es muy consciente de los riesgos de alimentar una disputa con los agricultores del país.
Vicentin se declaró en bancarrota el año pasado después de estar a tope en los créditos a los agricultores.
Y finalmente, llevó a Vicentin, una firma de 91 años especializada en la exportación de harina y aceite de soja, a declararse en bancarrota, diciendo que no podría cumplir con un pago de US$ 350 millones adeudado a los proveedores y que trataría de reestructurar una deuda de US$ 1,000 millones.