La hostil oferta pública de adquisición de acciones (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell salvó otro escollo este martes al obtener la autorización de la Comisión Europea, con lo que ahora solo faltan los informes de los organismos que vigilan en España los mercados (CNMV) y la competencia (CNMC).
Queda por ver si el Gobierno español incluye alguna condición adicional y, en el caso de que prospere la OPA, el Ministerio de Economía tendrá la última palabra sobre una posible fusión de ambas entidades financieras.
El Ejecutivo español se opuso desde el principio a la intención del BBVA, presente en 14 países además de España, de hacerse con la entidad catalana, que se conoció en mayo pasado, preocupado por el posible exceso de concentración que supondría la fusión entre ambas entidades y, en concreto, por los potenciales perjuicios que podría causar a los clientes, como el acceso al crédito de las pymes, entre otros.
Pese a las reticencias mostradas en varias ocasiones por diferentes miembros del Gobierno, sindicatos y asociaciones de consumidores, el proceso siguió su curso y la OPA obtuvo la autorización de los accionistas de BBVA, del BCE, y ahora, de la Comisión Europea (CE), que ha concluido sin objeciones la revisión de la operación.
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Así lo han confirmado este martes fuentes financieras a EFE, que recordaron que el objetivo de esta revisión era cumplir con el Reglamento Europeo de Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) y comprobar que el BBVA no se beneficiará de ayudas de terceros países para hacerse con el Sabadell y crear así la segunda entidad española en tamaño, solo por detrás de CaixaBank.
Ambos bancos daban por hecho el visto bueno de Bruselas desde que se supo que la CE examinaría la operación, hace algo más de un mes, con lo que ahora solo faltan los informes de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que controla el buen funcionamiento de la competencia y que se encuentra analizando la operación con más detalle.
A mediados de este mes, la CNMC comunicó su decisión de pasar a una segunda fase en su análisis de la OPA al no poder descartar ciertos “riesgos potenciales” en la misma, como el de posible reducción de crédito a las pymes, entre otros, un análisis menos frecuente y más exhaustivo que podría alargarse hasta bien entrado 2025.
Según explicó el organismo, la operación, en caso de llevarse a efecto, podría empeorar ciertas condiciones comerciales para particulares y pymes, al tener la entidad resultante “incentivo y capacidad” de ejecutar cambios “sin riesgo de perder clientes” donde quedara como único operador o con competencia reducida.
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El documento también se refería al riesgo de la exclusión financiera, al considerar posible el cierre de oficinas en aquellos municipios donde la entidad resultante “no se enfrenta a competencia”.
Precisamente, relataba, en este tipo de entornos, muchas veces situados en zonas rurales, suelen habitar tanto personas mayores como vulnerables en términos financieros, al ser los colectivos con menor acceso a la banca ‘online’, de modo que la desaparición de oficinas podría dejarlos sin acceso u obligarlos a desplazarse.
Pocos días después de conocerse que la operación pasaba a una segunda fase, el BBVA envió a la CNMC a una serie de medidas que considera “inéditas” para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
La participación del Gobierno español
Con la entrada en vigor de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 se limitó considerablemente la intervención del Gobierno en el control de las operaciones de concentración.
La autorización de las operaciones corresponde en exclusiva a la CNMC y únicamente si se prohíbe o si se subordina a compromisos o condiciones una determinada operación durante la segunda fase, el Ministerio de Economía podría elevarla al Consejo de Ministros.
Es ahí donde el Ejecutivo, que desde un primer momento se muestra contrario a una posible fusión, podría imponer sus propias condiciones, pero nunca por criterios de competencia, sino de otra índole, por ejemplo, razones de interés general.
El informe de la CNMV, clave para seguir adelante
La oferta del BBVA a los accionistas del Sabadell también sigue pendiente del visto bueno de la CNMV, que es clave para aprobar el folleto de la OPA y que el banco pueda seguir adelante con sus planes.
En el caso de que la OPA prospere, porque más el 50% de los accionistas del Sabadell decidieran vender sus títulos al BBVA, esta última podría tomar el control de la entidad catalana, algo que ya intentó en 2020, en plena pandemia, y que no logró por desacuerdos en el canje de acciones, según se informó entonces.
En esta ocasión, el BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell el pago de 0.29 euros en efectivo y entregar una acción nueva por cada 5,019 del Sabadell, teniendo en cuenta los dividendos pagados por ambas entidades en octubre.
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