México ha vivido la toma de posesión de Donald Trump como si de un terremoto político se tratara.
Desde el martes, en los medios de comunicación, en los círculos empresariales y en el mundo político, las conversaciones se han centrado en intentar adivinar los posibles daños que podrían causar los nuevos decretos de Trump. “¡Ahí viene el lobo!”, gritaba en portada un periódico mexicano, con una foto del presidente de Estados Unidos sosteniendo una de sus órdenes ejecutivas. Muy apropiado.
Las medidas de Trump se sienten en cada rincón del mundo, pero sus repercusiones en México son más fuertes: la segunda economía más grande de América Latina es el principal socio comercial de Estados Unidos; su frontera compartida de casi 1,243 kilómetros es el cruce terrestre internacional más transitado del mundo; los mexicanos son el grupo más grande de inmigrantes en Estados Unidos y el mayor de quienes viven allí sin estatus legal.
Sin embargo, me preocupa menos el impacto de las medidas transformadoras de Trump en los temas clave de la migración y el comercio bilateral —áreas de controversia para las que México se ha preparado de muchas maneras— que en el complejo tema de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Debido a estrategias divergentes, a los profundos agravios mutuos y la creciente complejidad de las redes criminales transnacionales, veo problemas en el futuro.
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Empecemos por la primera andanada de Trump al designar a los carteles criminales de México como grupos terroristas. Aunque por ahora puede ser más simbólica que práctica, las consecuencias a largo plazo que conlleva son preocupantes: en las últimas décadas, el crimen organizado se ha arraigado muy profundamente en México. Las bandas ya operan en más del 70% del territorio del país, según cálculos de la firma de gestión de riesgos Control Risks. La extorsión está muy extendida y la penetración de los carteles tanto en la economía formal como en el sistema político es significativa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado cambiar de táctica tras el fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, centrándose en dotar de más recursos y entrenamiento a las Fuerzas de Seguridad de México y adoptando una postura más represiva. Pero el desafío es demasiado grande para que México lo asuma por sí solo; para Estados Unidos, tener un vecino del tamaño de México que no puede controlar su territorio siempre será un peligro para la seguridad.
Una incursión militar estadounidense en México con la excusa de acabar con los capos de la droga es algo que Trump ya planteó durante su primer mandato, y la idea está resurgiendo con fuerza ahora. Es comprensible que México considere tales acciones una violación masiva de su soberanía.
La propuesta de tratar a los carteles como terroristas, si supera la revisión interinstitucional, agrega riesgos colaterales significativos: cualquiera que tenga contacto con narcos, consciente o inconscientemente, podría ser acusado de colaborar con terroristas, desde los productores de aguacate en Michoacán que pagan para sobrevivir hasta la industria armamentística estadounidense que ha estado vendiendo armas a criminales. Eso plantea un desafío fenomenal para cualquier sistema de cumplimiento corporativo en Norteamérica, particularmente para las instituciones financieras.
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Las dificultades de los bancos internacionales para distinguir entre negocios legales e ilegales conducirían a un sobrecumplimiento —cuando las reglas se aplican más allá de lo estrictamente requerido—, lo que perjudicaría la inversión. También obstaculizaría los programas de ayuda estadounidenses diseñados para abordar la pobreza y la anarquía que han hecho que trabajar para los carteles sea una opción atractiva.
Y lo más importante, México y Estados Unidos tienen serias diferencias sobre cómo abordar el desafío de seguridad que enfrentan: mientras México discute sobre las causas fundamentales y enmarca el problema como un problema de demanda de drogas en Estados Unidos, su vecino del norte se dice frustrado por la falta de resultados del lado mexicano.
Ambos países ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre el origen del fentanilo, y el gobierno mexicano sigue insistiendo en que los precursores no se obtienen localmente. Del mismo modo, México sigue exigiendo que las autoridades estadounidenses aclaren la detención del capo sinaloense Ismael “Mayo” Zambada, que se sospecha se trató de una operación encubierta de las fuerzas estadounidenses en julio.
Esta desconfianza mutua fue alimentada por repetidos enfrentamientos en los últimos años, incluido el arresto en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos en 2020: acusado de narcotráfico por las autoridades estadounidenses, finalmente fue devuelto a México con la promesa de ser investigado y procesado allí, solo para ser primero absuelto por los fiscales y luego condecorado por AMLO más tarde.
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“La cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad no está fluida”, me dijo el exembajador mexicano en Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez. “Sí hay retos en seguridad que México tiene que resolver”.
Algunos expertos han abogado por un tratado de seguridad entre México y Estados Unidos, de la misma manera que existe un acuerdo comercial, que aborde el problema sin verse eclipsado por consideraciones comerciales o migratorias. Esa es una idea que vale la pena explorar.
Los carteles mexicanos representan una amenaza salvaje para ambos países que debe ser enfrentada con una respuesta más efectiva. Pero para que eso suceda, México y Estados Unidos necesitan tener una conversación honesta sobre objetivos comunes.
Esta designación unilateral de terrorista por parte de Trump, y las medidas que podrían derivarse de ella, prometen hacer que esa conversación sea mucho más difícil. Y sin una estrategia unificada, el desafío de la inseguridad solo crecerá, generando ideas aún más extremas para tratar de resolverlo.
Por Juan Pablo Spinetto
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