La página de inicio de Google en Brasil había mostrado un mensaje destacado en contra del proyecto de ley, con un enlace a una publicación de blog del director de políticas públicas de la empresa, Marcelo Lacerda. (Foto: Getty Images)
La página de inicio de Google en Brasil había mostrado un mensaje destacado en contra del proyecto de ley, con un enlace a una publicación de blog del director de políticas públicas de la empresa, Marcelo Lacerda. (Foto: Getty Images)

El Gobierno brasileño acusó a Google este martes de “propaganda engañosa y abusiva” contra un proyecto de ley para combatir la desinformación en línea, y ordenó al gigante tecnológico estadounidense que se mantenga al margen del debate o muestre sus posiciones como publicidad.

La disputa se produjo cuando los legisladores de la cámara baja de Brasil se preparaban para votar el llamado proyecto de ley de “noticias falsas”, denominado proyecto de ley de “censura” por sus detractores, que tiene como objetivo hacer que las empresas tecnológicas regulen la desinformación, el discurso de odio y el contenido violento en sus plataformas.

La Oficina Nacional de Protección al Consumidor de Brasil ordenó a Google, que criticó el proyecto, que etiquete como “publicidad” los mensajes en su sitio advirtiendo que la legislación podría “empeorar su Internet” y “aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”.

La oficina le dio a la compañía dos horas para equilibrar eso con “contrapropaganda” o enfrentará una multa de un millón de reales (US$ 200,000) por hora.

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El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, acusó a Google de “manipular” los resultados de búsqueda para mostrar contenido opuesto al proyecto de ley de manera más destacada, algo que la empresa negó.

Nadie debería estar manipulando la libertad de expresión de los brasileños”, dijo Dino en una conferencia de prensa, acusando a Google de abusar de su plataforma para promover su posición.

En la misma conferencia, el secretario de protección al consumidor, Wadih Damous, anunció una serie de medidas contra lo que llamó “propaganda engañosa y abusiva” de Google.

La página de inicio de Google en Brasil había mostrado un mensaje destacado en contra del proyecto de ley, con un enlace a una publicación de blog del director de políticas públicas de la empresa, Marcelo Lacerda.

Lacerda advirtió sobre las “consecuencias indeseables” del proyecto de ley, incluida la protección inadvertida de quienes difunden desinformación, al impedir que las empresas implementen sus propios términos de uso.

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El enlace al blog fue eliminado de la página de inicio brasileña de Google más tarde el martes. Una portavoz de Google dijo a la AFP que estaba programado que expirara de todos modos, diciendo que la decisión no estaba relacionada con las medidas del gobierno.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado por el Senado, se presentó hace tres años, fruto de esfuerzos para lidiar con la avalancha de desinformación en línea.

Cobró notoriedad recientemente, después de que los partidarios del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro invadieran las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero, supuestamente incitados por la desinformación de las redes que afirmaban que su candidato había perdido las elecciones de 2022 ante el izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva de forma fraudulenta.

Bolsonaro atacó el proyecto de ley el lunes en una entrevista con el sitio de noticias conservador Revista Oeste, calificándolo de “el principio del fin de nuestra libertad”.

Supremo ordena interrogar a jefes de plataformas

La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes que la Policía interrogue en un plazo de cinco días a “los presidentes o equivalentes” de Google, Meta y Spotify, ante las sospechas de impulsar una campaña contra un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en Internet.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien también determinó que esas plataformas retiren de forma integral “todos los anuncios, textos e informaciones” impulsadas desde Google con críticas al denominado “PL (proyecto de ley) de las Fake News”.

Para el magistrado, la actuación de esas plataformas puede constituir, en tesis, “abuso de poder económico” y, eventualmente, haber contribuido “a la desinformación practicada por milicias digitales en las redes sociales”, asunto que ya investiga el Supremo desde hace unos años.

El fallo se suma a las medidas cautelares anunciadas previamente por el Gobierno brasileño contra Google, a la que acusó de promover una “campaña abusiva y engañosa” contra el texto que debate el Parlamento y que busca endurecer el control a las redes sociales.

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La polémica surgió a partir de un artículo que Google fijó en la versión brasileña de su buscador, titulado “El PL (proyecto de ley) de las ‘fake news’ puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.

La publicación, firmada por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley, que la Cámara de Diputados se propone votar esta misma semana.

De Moraes también exigió a Google, Spotify y Meta, empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp, que expliquen “los métodos y algoritmos para impulsar e inducir la búsqueda” en sus plataformas del término “PL de la Censura”, como los críticos han bautizado el citado proyecto de ley.

Asimismo, emplazó a esas empresas a informar de “las medidas reales y concretas”, mediante el envío de protocolos y documentos que así lo comprueben, que adoptan para “prevenir, mitigar y retirar prácticas ilícitas en el ámbito de sus servicios y en el combate a la desinformación de contenidos generados por terceros”.

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En este marco, De Moraes pretende que los jefes de Google, Meta y Spotify declaren ante la Policía Federal para explicar los motivos que supuestamente les llevaron a promover contenido crítico contra el proyecto de ley en debate y que los gigantes tecnológicos rechazan.

La iniciativa tramita en el Parlamento desde 2020 y prevé medidas para endurecer el control de las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes de un dictamen judicial, así como establece sanciones para las empresas que no se ajusten a esas normas.

Con información de AFP y EFE

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