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Un par de derrotas judiciales consecutivas pueden llevar las ya precarias finanzas de Argentina al borde del abismo.
Los bonos en dólares del país se hundían el miércoles después de que tribunales en Estados Unidos y el Reino Unido se pusieran del lado de los inversores en una serie de demandas, que exigen por separado pagos vinculados a títulos ligados al crecimiento y la nacionalización de una empresa petrolera hace una década.
Las sentencias son solo el último obstáculo para Argentina, que lucha por controlar una inflación del 100%, mientras las reservas de divisas disminuyen, una sequía destruye las cosechas de exportación y se avecinan elecciones presidenciales en octubre.
Según Sebastián Maril, director gerente de la consultora bonaerense Latam Advisors, este es uno de esos casos en que la historia se repite. Aunque los tribunales aún no han dado a conocer los detalles sobre la cantidad que deberá pagar Argentina en cada caso, Maril espera que los acuerdos asciendan a miles de millones de dólares.
Los dos casos son un indicio de que la larga historia de problemas judiciales de Argentina está lejos de terminar. En las dos últimas décadas, el Gobierno se ha visto obligado a pagar al menos US$ 17,000 millones en indemnizaciones a los inversores de empresas expropiadas y a los tenedores de bonos impagos, calcula Maril, y se pregunta lo que se podría haber hecho para financiar la educación, las carreteras o la red eléctrica desde el año 2000 con US$ 17,000 millones.
Los bonos argentinos ampliaron sus pérdidas el miércoles tras la última sentencia del Reino Unido, que responsabiliza a la nación de las pérdidas en los denominados “cupones PBI” después de que el país cambiara su método de cálculo del crecimiento.
A fines de este año se celebrará un tercer juicio en Estados Unidos por una disputa similar en torno a los bonos argentinos denominados en dólares, liderado por el fondo de cobertura Aurelius Capital Management.
La deuda de la nación que vence en 2029 cayó hasta 1.6 centavos, a unos 26 centavos por dólar, el nivel más bajo en una semana.
Esta profunda crisis pone en juego la situación de la Administración que asuma el poder cuando los argentinos acudan a las urnas en octubre. Ese Gobierno heredará tanto los posibles pagos legales como US$ 65,000 millones en bonos extranjeros que empiezan a vencer en 2025.
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“De dónde obtendrá la nueva Administración el efectivo en moneda fuerte para hacer frente a estas demandas legales es una pregunta abierta, y esta mañana algunos operadores agresivos disparan primero y preguntan después”, según una nota de analistas de Portfolio Personal Inversiones dirigidos por Pedro Siaba Serrate.
Los abogados que representan al Gobierno de Argentina dicen que solicitarán autorización para apelar el fallo del tribunal del Reino Unido sobre el caso de los cupones PBI en euros de la nación, según un comunicado enviado por correo electrónico por el bufete de abogados Sullivan & Cromwell.
Argentina “cree que el tribunal de Londres interpretó erróneamente los términos de los valores y tiene la intención de solicitar permiso para apelar”, dijo el copresidente de Sullivan & Cromwell, Robert Giuffra Jr.
El país no es ajeno a las largas batallas judiciales, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una firme crítica de lo que denomina “fondos buitre”. Argentina pasó más de una década en desacuerdo con los fondos especulativos, entre ellos Elliott Management Corp,. de Paul Singer, que incautó un buque de la Armada como garantía para obligar al país a pagar bonos impagados.
El expresidente Mauricio Macri finalmente terminó pagando a los acreedores alrededor de US$ 5,000 millones en 2016 para levantar una orden judicial y allanar el camino para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capital.
“Una apelación solo le dará tiempo a Argentina, por lo que las negociaciones sobre el monto de la compensación y el esquema de pago se llevarán a cabo en la próxima Administración”, dijo Ramiro Blazquez, jefe de estrategia de BancTrust & Co. en Buenos Aires.
