Zona económica de Chancay: ¿Tasa cero o contribución del 5% para atraer inversiones?

El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, anunció que la Presidenta de la República ha dado directrices para que las empresas que se establezcan en la Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay comiencen con una tasa de 0% en el Impuesto a la Renta (IR) durante los primeros años.

Esta medida, respaldada también por gremios empresariales, busca incentivar la inversión y consolidar a Chancay como un polo competitivo. La propuesta sugiere mantener la exoneración fiscal entre cinco y diez años antes de considerar un ajuste gradual de la tasa.

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Además, anunció en una entrevista para Exitosa que la ZEE de Chancay abarcaría un área de influencia extensa que iría desde Barranca hasta el Callao, incluyendo localidades estratégicas como Huaral, Huacho, Ancón y Lima Metropolitana. Según el ministro Demartini, el objetivo de esta zona es desarrollar un centro logístico e industrial que promueva sectores económicos clave como la minería, la agroexportación y la manufactura textil.

En particular, se destacó el potencial de Perú en la industria textil, con productos de algodón reconocidos internacionalmente. La autoridad autónoma, recientemente constituida, será responsable de gestionar la infraestructura y fomentar el establecimiento de industrias de gran escala en la región.

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Debate sobre el régimen tributario

Uno de los temas centrales en la configuración de la ZEE de Chancay ha sido el régimen tributario que aplicará a las empresas que decidan instalarse en la zona.

Mientras que los gremios empresariales y el Ministro Demartini apoyan una tasa de IR del 0% durante los primeros años para atraer capital y establecer una base industrial sólida, el Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha expresado una postura distinta.

En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Arista propuso una tasa inicial del 5% en el IR para las empresas en la ZEE, que se incrementaría gradualmente hasta alcanzar el 20%, alineándose con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Arista argumenta que un régimen de exoneración completa implicaría que la sociedad estaría subsidiando indirectamente a las empresas, al permitirles hacer uso de infraestructura y servicios públicos sin contribuir al financiamiento de estos.

“Si no contribuyen en nada, significa que el resto de la sociedad los está subsidiando”, afirmó el ministro, quien sostiene que un esquema mixto permitirá incentivar la inversión sin dejar de lado la contribución al fisco.

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