La seguridad jurídica en materia tributaria continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema peruano. A los constantes cambios normativos y a la falta de uniformidad en los criterios interpretativos se suma un elemento clave: el uso irregular de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal.
Aunque entre 2022 y 2024 se registró un incremento progresivo en la emisión de estos criterios vinculantes, en 2025 no se publicó ninguno.
¿Qué efectos tiene este quiebre en la predictibilidad del sistema tributario? ¿Contribuye a una mayor litigiosidad y a un aumento de los costos que asumen tanto los contribuyentes como el propio Estado?
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El quiebre de 2025: una oportunidad perdida
De acuerdo con información del propio Tribunal Fiscal, en 2022 se emitieron cinco resoluciones de observancia obligatoria, en 2023 seis y en 2024 nuevamente seis. Sin embargo, en 2025 no se identificó ninguna jurisprudencia publicada con ese carácter en el diario oficial El Peruano.
Número de resoluciones del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria desde el 2022 hasta el 2025 | Elaborado por: PwC Fuente: Tribunal Fiscal
Para Chau, esta situación evidencia una oportunidad desaprovechada. “Se ha perdido la oportunidad de definir situaciones inciertas con un criterio que sí creo que disminuiría las controversias tributarias”, señala.
Explica que, cuando el Tribunal Fiscal fija un criterio obligatorio, los contribuyentes conocen de antemano la interpretación válida de la norma y, al mismo tiempo, la Administración Tributaria queda obligada a alinearse a ese criterio. “A diferencia de cualquier otra resolución, estos criterios son mandatorios también para la Sunat”, precisa.
Un efecto directo en la litigiosidad
La ausencia de precedentes obligatorios tiene un impacto inmediato en la dinámica de los conflictos tributarios. Según Chau, sin un criterio general y vinculante, tanto los contribuyentes como la Administración persisten en sus posiciones y trasladan la discusión al Poder Judicial.
“Ante la falta de un criterio obligatorio, los operadores del mercado van a esperar que sea el Poder Judicial el que defina”, indica. Esto prolonga los procesos, incrementa la carga procesal y mantiene controversias abiertas durante varios años.
En la práctica, un proceso puede transitar por fiscalización, reclamación ante Sunat, apelación ante el Tribunal Fiscal y, finalmente, llegar al Poder Judicial, con plazos que pueden superar una década.
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Riesgos económicos para las empresas
Desde la perspectiva del contribuyente, el principal riesgo es el costo de la incertidumbre. Chau explica que esta situación puede paralizar decisiones de inversión y obligar a las empresas a destinar recursos adicionales para atender procedimientos administrativos y judiciales.
“No es solo un tema de inseguridad jurídica, son costos”, afirma. A ello se suma la acumulación de intereses y la falta de aplicación uniforme de criterios sobre intereses moratorios en sede judicial, lo que puede incrementar significativamente la deuda tributaria.
Además, una controversia no siempre se agota en un solo ejercicio fiscal. “Lo que se define en un periodo puede tener impacto en varios años, porque las operaciones suelen ser recurrentes o de largo plazo”, advierte.
Impacto también para el Estado
El problema no afecta únicamente a los contribuyentes. Chau subraya que el Estado también asume costos relevantes. Una carga procesal elevada implica más recursos humanos y administrativos destinados a resolver controversias que pudieron evitarse con criterios claros desde etapas tempranas.
Incluso, existe el riesgo de que, tras varios años de litigio, la situación económica del contribuyente haya cambiado, dificultando el cobro efectivo de la deuda tributaria.
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El rol debilitado del Tribunal Fiscal
La posibilidad de que la Sunat impugne casi cualquier resolución del Tribunal Fiscal ante el Poder Judicial también debilita el rol de este último como órgano técnico especializado.
“Aquí sí se debilita la fuerza de las decisiones del Tribunal Fiscal”, sostiene Chau. Recuerda que anteriormente existían filtros, como la exigencia de un voto discrepante para habilitar la demanda judicial, o instancias dentro del Ministerio de Economía que evaluaban si correspondía acudir al Poder Judicial.
Desde su perspectiva, el sistema debería volver a un esquema en el que la impugnación judicial sea excepcional y no la regla general.
¿Más vocales o menos controversias?
Aunque el Tribunal Fiscal enfrenta actualmente más de 11,000 expedientes pendientes de resolución, Chau considera que aumentar el número de vocales no es necesariamente la solución.
“Más vocales puede significar más duplicidad de criterios”, advierte. En su opinión, el enfoque debería estar en reducir el origen de las controversias y no solo en acelerar su resolución.
Respecto al uso de inteligencia artificial, reconoce que puede ayudar en la gestión, pero pide cautela en su aplicación decisoria, por los riesgos de sesgos o errores.
Qué cambiaría con una política sostenida de precedentes
Si el Tribunal Fiscal emitiera de manera consistente precedentes de observancia obligatoria, los efectos serían visibles en el corto y mediano plazo. Chau señala que habría mayor certidumbre, menos controversias y decisiones más informadas por parte de las empresas.
“Un contribuyente que ya sabe cuáles son las reglas de juego evalúa el riesgo y puede decidir alinearse al criterio”, explica. Del mismo modo, la Administración Tributaria estaría obligada a ajustar su actuación.
Menos controversias implicarían menor carga procesal y resoluciones más rápidas en los casos que sí lleguen al Tribunal.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
