Telefónica asegura que decisión judicial sobre pago a Sunat ‘encarecerá conectividad para peruanos sin internet’

Telefónica del Perú se pronunció este miércoles luego de que se conociera que Sunat ha cobrado S/ 255 millones a la empresa de telecomunicaciones por un fallo de la Corte Suprema.

Telefónica precisó que ha cumplido con el pago de S/ 218 millones a la Sunat, de acuerdo a lo decidido por el Poder Judicial sobre uno de los procesos del Caso Satélites.

La empresa aseguró que esta decisión “tendrá un grave impacto en el cierre de brechas de conectividad para cerca de 6 millones de peruanos en zonas rurales que requieren de la retransmisión satelital para estar comunicados”.

Según explicó la compañía, para llevar conectividad a zonas alejadas, se contrató a un operador satelital no domiciliado en Perú para retransmitir señales a 36,000 kilómetros de la Tierra, es decir, en el espacio exterior, fuera del territorio peruano.

“En su debido momento, la Sunat y el Tribunal Fiscal –con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– concluyeron que este tipo de servicio de capacidad satelital se presta fuera del territorio nacional y por lo tanto no había imposición tributaria en el Perú”.

Por ello, Telefónica pagó el servicio al operador satelital sin efectuar retención del impuesto, según indica, siguiendo lo dispuesto por estas instituciones, así como por los criterios establecidos en la Ley del Impuesto a la renta con respecto a las empresas no domiciliadas en Perú y los casos en los que están afectas al impuesto a la renta.

“Contraviniendo lo que los organismos competentes establecieron, la Procuraduría de la Sunat inició una acción judicial buscando invalidar las disposiciones de dichos entes competentes”, refirió la empresa.

En este sentido, Telefónica del Perú afirmó que la “falta de reglas claras afectará el cierre de brecha de conectividad y encarecerá la conectividad para aquellos peruanos que no cuentan con acceso a las telecomunicaciones”.

“Esta decisión representa una seria amenaza contra la predictibilidad tributaria y seguridad jurídica que necesita el país para promover inversiones y seguir creciendo, pues revierte el criterio establecido por las propias instituciones del Estado y produce incertidumbre respecto de la aplicación de criterios tributarios”, puntualizó.