El Gobierno peruano llevó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo (D.Leg.) N° 1400, relacionado con el Régimen de Garantía Mobiliaria. Esta propuesta busca conceder a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) la capacidad de ejecutar el cobro de multas de manera coactiva.
Así, se pretende dotar a Sunarp de herramientas más robustas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones registrales, lo que podría traducirse en una mayor eficacia en la gestión de los registros públicos y en la aplicación de sanciones administrativas. La justificación detrás de esta iniciativa radica en la necesidad identificada de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y ejecución en el ámbito de los registros públicos.
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El Sistema Integrado de Garantía Mobiliaria
El Sistema Integrado de Garantía Mobiliaria (SIGM) es una plataforma electrónica administrada por la Sunarp, donde se registran todos los avisos electrónicos relacionados con la publicidad de las garantías mobiliarias en Perú.
La superintendencia se encarga de la administración y publicación de esta información, aunque no realiza una calificación registral de los avisos. Según el Decreto Legislativo N° 1400, la responsabilidad sobre la veracidad de la información ingresada en el SIGM recae en los usuarios. En caso de información errónea o inexacta, Sunarp tiene la facultad de imponer sanciones, que pueden incluir amonestaciones o multas de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 515,000.
Frente a este contexto, el proyecto de ley quiere añadir un numeral al artículo 31 del D.Leg. N° 1400, con el fin de fortalecer la capacidad sancionadora de Sunarp. La propuesta legislativa sugiere que pueda exigir el pago de las multas de manera coactiva, una medida que busca garantizar la efectividad y el carácter disuasivo de las sanciones impuestas.
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Justificación Legal
Kateleen Urbina, asociada del estudio Miguel Mur & Abogados señala que teniendo en cuenta de que el D.Leg. otorga expresamente una facultad sancionadora a Sunarp, “lo que busca el proyecto de ley es que dicha sanción pueda ser realmente efectiva”.
Como se encuentra regulada la sanción a los usuarios que ingresan información errónea o inexacta al SIGM, “Sunarp no puede ejecutar efectivamente la sanción, lo que hace que deviene en que la multa o sanción no cumpla con un rol realmente disuasivo”, afirmó.
Por lo tanto, señala Urbina, que se permitirá subsanar dicha brecha. Lo que implicará que Sunarp regule, a través de una directiva, la forma, modo y plazo del procedimiento sancionador, así como del procedimiento de ejecución coactiva.
La abogada finaliza diciendo que si bien el D.Leg. como el proyecto de ley se remiten a las normas especiales, será importante que Sunarp establezca expresamente cómo funcionará este procedimiento.
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Efectos
Luis Aliaga, asociado principal en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, menciona que el proyecto de ley presentado ante el Congreso, “podría tener un impacto notable en la eficiencia administrativa de la entidad y en el cumplimiento general de las normativas en el ámbito de los registros públicos”.
En primer lugar, al dotar a Sunarp de la facultad de ejecutar el cobro de multas de manera coactiva, se espera una potencial mejora en la rapidez y efectividad con la que se gestionan las sanciones.
Esto podría traducirse, dijo, en un aumento en la recaudación de multas impuestas, lo que, a su vez, podría influir positivamente en el cumplimiento de las normativas relacionadas con los registros públicos.
En línea con lo que comentó Urbina, Aliaga afirma que esta medida podría generar un efecto disuasorio más fuerte entre los usuarios del SIGM, llevando a un incremento en la precisión y veracidad de la información registrada. “Un sistema más riguroso y efectivo en la aplicación de sanciones podría fomentar una mayor responsabilidad entre los usuarios, lo que resultaría en una mejora en la calidad de los datos registrados”.
Sin embargo, resalta que la efectividad de esta propuesta dependerá en gran medida de su implementación y de cómo Sunarp maneje estas nuevas facultades. “La transparencia en el proceso de ejecución de multas será crucial para mantener la confianza pública en el sistema”.
Por tanto, mientras el proyecto promete fortalecer la administración de las sanciones, será fundamental observar cómo se equilibra esta nueva capacidad con la garantía de derechos y la justicia administrativa, concluyó.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
