El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se encuentra próximo a prepublicar un par de reglamentos que cambiarán el esquema del registro de predios y la convivencia de propietarios y copropietarios en edificios multifamily. Así lo señaló el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, en entrevista con Gestión. Se trata de normativas que fueron aprobadas en 2023 y que están a la espera de que sus reglamentos se publiquen para entrar totalmente en vigencia.
El funcionario también asegura que parte del “shock simplificador” de trámites, propuesto por el Gobierno en el Plan Unidos, ya se encuentra en curso a través de la estandarización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que ya fue aprobada por el ministerio, aunque las municipalidades aún están adaptándose al nuevo proceso.
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Juntas empoderadas
El Decreto Legislativo 1568, que regula el régimen de la propiedad horizontal, como condominios, fue publicado en mayo del 2023. Según la norma, sus alcances entrarán en vigencia 180 días calendario después que se publique su reglamento.
La primera versión de este documento se daría a conocer el próximo mes. “Desde 1999 no se actualizaba la normativa sobre la convivencia de propietarios y copropietarios. Era necesario: la realidad ha cambiado muchísimo. Ya tenemos una propuesta de reglamento que se prepublicará el 15 de abril. Recibiremos aportes por dos meses para perfeccionarla”, indica Navarro.
El viceministro indica que dicha versión es producto de un grupo de trabajo conjunto con el Colegio de Notarios, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), las centrales de riesgo y otras instituciones. El reglamento dejará por sentado que la Junta de Propietarios podrá reportar no solo a los propietarios, sino también a los inquilinos morosos.
“La idea es empoderar la organización interna del edificio o galería. Todas las reglas de juego que establezcan bajo la convivencia, por ejemplo, las sanciones a inquilinos y propietarios morosos que no paguen mantenimiento y la posibilidad de llevarlo a las centrales de riesgo estarán claras ahí (reglamento)”, asegura el vocero del MVCS.
El prereglamento también describirá un procedimiento ágil para inscribir ante Registros Públicos la composición de la junta y los reglamentos internos. “Será súper ágil, antes se requeriría que participe el notario, ahora lo hemos omitido. Justamente para incentivar que sea veloz”, agrega el viceministro.
El MVCS dejará también a libertad de la junta definir qué otras reglas podrán estar o no en su reglamento interno. No habrá un estándar.
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Facilidades para viviendas autoconstruidas
Otro reglamento pendiente es el del Decreto Legislativo 1595, que regulariza el derecho de propiedad, norma que fue publicada en diciembre. Según Navarro, este documento se prepublicará el 15 de junio e incorpora la figura del verificador registral, que se encargará básicamente de armar los expedientes respectivos para la regularización predial.
“La idea es simplificar el procedimiento. Recordemos que más del 80% de viviendas son informales, producto de la autoconstrucción. No cuentan con conformidad de obra ni inscripción municipal, pero el trámite es engorroso: toma hasta nueve meses regularizar, sin incluir costos que pueden llegar hasta S/ 5,000″, comenta el viceministro.
Con los cambios propuestos, Navarro asegura que el trámite de regularización no tomará más de un mes y medio. Además, el reglamento establecerá la existencia de un “bono de regularización”, que irá directamente a la familia para pagar los costos de este proceso, incluyendo el pago al verificador.
“Será parte del Bono Familiar Habitacional (BFH) para el mejoramiento de vivienda. Ya estamos hablando con los colegios profesionales para definir los valores. Como ya se hará de forma masiva, la idea es tener una tarifa social para alcanzar más gente”, explica el viceministro.
También señala el vocero del MVCS que la cartera actualmente se encuentra realizando un proyecto piloto con la Municipalidad de Carabayllo para recoger información de cara a la aplicación de este bono y la figura del verificador registral.
“Estamos viendo in situ el diagnóstico por vivienda. Por eso el reglamento nos tomará hasta mediados de año. Es un tema complejo, pero estamos haciéndolo de forma profesional”, agrega Navarro.
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TUPA estándar
Navarro también señaló que las municipalidades ya se encuentran adaptando sus TUPA para la emisión de licencias de edificación y habilitación urbana. Este proceso arrancó luego de que el 31 de diciembre, se publicará el Decreto Supremo N° 146-2023- PCM, que estandariza este proceso en todo el país.
“Ello significa que hemos identificado todas las actividades para ese procedimiento administrativo. Hemos visto cada etapa y quién interviene desde la presentación en mesa de partes hasta la emisión de la licencia. Así, las municipalidades ya no pueden crear nuevos pasos o actores porque desnaturalizarían el proceso. Están obligadas a recogerlo en sus TUPA”, amplía el viceministro.
Los nuevos plazos para la entrega de licencias de edificación son 45 días, en el caso de la habilitación urbana se trata de 25 días. Según Navarro, ambos procesos tomaban antes hasta 200 días. En total se han simplificado 149 actividades del procedimiento administrativo para la entrega de estas autorizaciones de vivienda.
“A la fecha las municipalidades están adaptando sus TUPA a los nuevos formatos. Estamos dándoles un acompañamiento, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para explicar el proceso, brindar asesoría y fortalecer sus capacidades”, dice el funcionario del MVCS.
Navarro agrega que con esta estandarización se evitará la sobreregulación, y se le dará celeridad a la inversión, ya que habrá predictibilidad sobre la duración de cada proceso administrativo para dar luz verde a proyectos inmobiliarios.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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