La empresa Cosco Shipping, operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, sostuvo que el fallo del Poder Judicial que limita la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no implica una afectación a la soberanía nacional.
A través de un comunicado, la compañía señaló que, pese a su naturaleza privada, el puerto no cuenta con ningún tipo de extraterritorialidad.
“Su naturaleza privada no significa afectación alguna de la soberanía nacional; el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria”, indicaron.
Este pronunciamiento se da tras las advertencias de Estados Unidos sobre una pérdida de soberanía del Perú en el terminal al presuntamente verse impedido de supervisar adecuadamente el puerto debido a “propietarios chinos depredadores”.
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Según la empresa, las autoridades peruanas - como la Sunat, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)- ejercen sus atribuciones de supervisión y fiscalización operando incluso dentro de las instalaciones del puerto.
Asimismo, recuerdan que la Ley del Sistema Portuario Nacional permite que Ositrán se encargue de la supervisión de los contratos de concesión y regulación del sistema tarifario en los mercados en los que no hay libre competencia portuaria de uso público.
En ese sentido, señaló que dicha norma asigna a Ositrán la función de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión conforme a las leyes vigentes y regular el sistema tarifario en los mercados donde no exista libre competencia portuaria de uso público.
La empresa Cosco Shipping indicó que la reciente decisión del Poder judicial no limita el control del Estado sobre el puerto. (Imagen: Andina)
La empresa indicó que Ositrán sostiene que también le corresponde la defensa de los intereses de los usuarios portuarios. Sin embargo, afirmó que la Ley del Sistema Portuario Nacional atribuye funciones específicas a la APN en protección de derechos de los usuarios, por lo que no quedarían desprotegidos sin la intervención del organismo.
Respecto a la acción judicial iniciada, Cosco explicó que recurrió a instancias judiciales en el marco de la estabilidad normativa y jurídica bajo la cual realizó su inversión, con el objetivo de hacer valer sus derechos en relación con la supervisión específica de Ositrán.
“Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización, así como de velar por la protección de derechos de los usuarios”, indicó.
Además, indicó que, ante la exigencia de Ositrán y mientras continúa el proceso judicial iniciado por la compañía, ha venido efectuando bajo protesta el aporte por regulación.
