La Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso de la República está pronta a conocer a sus nuevos 21 parlamentarios, en el marco de una nueva etapa legislativa. La oportunidad es propicia para revisar los proyectos que esta mesa de trabajo tiene pendiente analizar y debatir.
Desde Gestión se pudo identificar tres proyectos de ley que fueron enviados a esta comisión para su análisis y alcanza al comportamiento de los consumidores en eventos de entretenimiento, como conciertos; y en centros comerciales.
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Ingreso de alimentos y bebidas en conciertos
En mayo de este año, la congresista Digna Calle (Podemos) presentó el proyecto de ley N° 7887-2023, el cual busca regular el ingreso de alimentos y bebidas en eventos de concurrencia masiva.
En detalle, la medida permitiría que los asistentes puedan llevar alimentos y bebidas para su consumo personal a eventos culturales, académicos, musicales, teatrales, entre otros. Esto, sin embargo, excluye a las bebidas alcohólicas.
Según se detalla en el documento, el objetivo es evitar prácticas abusivas por parte de los organizadores que podrían vulnerar los derechos de los consumidores. La fiscalización respectiva estaría a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que además aplicará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Para Diego Arpasi Quispe, especialista en defensa del consumidor, una medida de este tipo requiere un análisis más profundo debido a la complejidad de los aspectos contractuales involucrados en la organización de eventos. Añadió que permitir el ingreso de alimentos y bebidas similares a los disponibles podría impactar negativamente en los acuerdos con proveedores y el alquiler de locales.
A su turno, Jesús Espinoza, exdirector de Indecopi, mostró preocupación ante el impacto en el modelo de negocio de los organizadores de eventos. Esto, porque consideran, en buena parte, las ventas de alimentos y bebidas en su estructura de ingresos. Además, señaló posibles problemas de intrusión en la libertad de las empresas para establecer sus propias políticas.
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Uso de baños en centros comerciales y supermercados
En abril de este año, el legislador José Jerí (Somos Perú) presentó el proyecto de ley N° 7547-2023, que regula el uso de los servicios higiénicos en centros comerciales y supermercados. La iniciativa propone que los consumidores puedan acceder de manera gratuita a estos servicios al realizar una compra o consumo en dichos establecimientos, siempre que presenten el comprobante de pago. Según sostienen en el documento, esta medida busca asegurar condiciones dignas y accesibles para los consumidores en estos espacios comerciales.
Arpasi consideró que el impacto de esta medida es limitado y señaló que muchos establecimientos ya ofrecen servicios higiénicos gratuitos y cuestionó la necesidad de la ley. Así, no aportaría un beneficio significativo adicional.
“En su exposición de motivos, indica que, en la mayoría de los 293 malls y supermercados a nivel nacional, se cobra por el uso de servicios higiénicos. Sin embargo, los servicios higiénicos en malls suelen ser gratuitos y no requieren consumo. La ley propone algo que ya es una práctica común en muchos establecimientos”, precisó.
A su turno, Espinoza consideró que la gestión de estos servicios debería quedar a discreción de los centros comerciales, argumentando que los costos adicionales justifican el cobro por uso y que no es adecuado trasladar la responsabilidad de los servicios públicos a entidades privadas. Añadió que esta medida no debería ser una prioridad legislativa, ya que no aborda un problema significativo en comparación con otras necesidades.
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Centros comerciales deben resguardar áreas adyacentes
A inicios de mayo, Codeco aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley N° 7602-2023, que propone la ampliación del “deber general de seguridad de los consumidores”. En este marco, se busca extender la responsabilidad de los proveedores de los centros comerciales a las áreas adyacentes y accesos al establecimiento. Así, dice el texto, se garantizaría la seguridad y salud de los consumidores no solo dentro de los locales, sino también en los alrededores.
Al respecto, Arpasi destacó la necesidad de una regulación más sostenible que contemple cada caso de manera particular, evitando una carga excesiva sobre los proveedores.
“Se propone una extensión de responsabilidad de los proveedores más allá de sus instalaciones. Esto incluiría, por ejemplo, la responsabilidad de un centro comercial si ocurre un incidente cerca de su local. La iniciativa es buena en teoría, ya que busca proteger al consumidor, pero la regulación es muy estricta y debería ser más sostenible. Es importante evaluar cada caso y ajustar los parámetros para garantizar una protección adecuada sin afectar excesivamente a los proveedores”, mencionó.
Por su parte, Espinoza consideró que la responsabilidad de la seguridad pública recae en las autoridades y no debería trasladarse a los proveedores. Aunque los centros comerciales podrían contribuir a la seguridad, como con la instalación de cámaras o personal de seguridad, no pueden sustituirlas en esta labor.
Apuntó que imponer responsabilidades adicionales a los proveedores podría ser injusto y difícil de cumplir, pues podrían requerir autorizaciones municipales y exceder las competencias de los establecimientos comerciales.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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