Protestas seguirían escalando en Puno y podrían extenderse

Puno, una de las regiones más convulsionadas, registró 17 fallecidos en un solo día: el 9 de enero del 2023. Y ayer la cifra subió a 18. Pero no es la única donde se registran protestas: Tacna, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho también están marchando.

¿Estamos próximos al término de estas manifestaciones o el Perú enfrentaría una ola mayor de violencia? Tres analistas coincidieron que las protestas seguirían escalando en medio de un contexto donde ya sería muy difícil alcanzar espacios de diálogo.

Coincidieron en que los pedidos de cierre del Congreso y adelanto de elecciones a la brevedad se mantienen como estandarte, pero que otros sectores -que antes tenían solo demandas sociales- ya exigen también la salida inmediata de Dina Boluarte.

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Para Omar Coronel, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, inicialmente las protestas eran heterogéneas, diversas y hasta maximalistas, pero ahora “por el nivel de violencia al que se ha llegado, las demandas están convergiendo en un mínimo común denominador: la salida de Dina Boluarte”.

“El núcleo de las demandas es que salga Dina Boluarte. No hay ninguna posibilidad de diálogo, al menos por parte de los dirigentes que están en el sur, particularmente en Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac. Si antes no había posibilidad de diálogo, menos ahora con lo sucedido el día 9 de enero”, agregó.

Hace solo unos días, el gobernador de Puno, Richard Hannco, advirtió en Canal N que la indignación de los ciudadanos es de tal nivel que la gente solo se calmará cuando renuncie la presidenta.

Frente a ello, si los actores institucionales, no solo el Poder Ejecutivo, sino el Congreso, se mantienen en la misma ruta que hasta ahora, para Coronel las protestas van a escalar. “Los 10 fallecidos en Ayacucho hacían pensar que, cuando una democracia ve esto, debe poner el freno inmediatamente. Pero nada de eso pasó. Pareciera que el Gobierno está convencido que la represión es el único camino”, apuntó.

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Maritza Paredes, socióloga de la PUCP, experta en conflictos sociales y en sociología política, respondió en la misma línea: “Creer que esto está causado por un poder azuzador, que esa es la única razón, es un error que nos va a llevar a una crisis más profunda”.

“No se requiere una visión polarizante de ponernos unos contra los otros. A mi parecer, es un paso erróneo que toma el Gobierno lamentablemente. Todos vamos a pagar las consecuencias de esto con la violencia que se ha dado”, puntualizó.

José Carlos Requena, analista político, también detalló que “lo que no tenemos es alguien responsable que lidie con esto. Tenemos una protesta radicalizada, una narrativa que pone a unos contra otros y que hace que las soluciones sean mucho más complicadas de arribar”.

Agregó que si hasta hace dos o tres días parecía un asunto encapsulado a una agenda radical y a una región en particular, “el pronunciamiento del Gobierno podría extender todo ello”.

Los tres coincidieron en que no hay gesto alguno que dé señales claras de una búsqueda de diálogo. " La política está hecha de gestos, la guerra está hecha más bien de enfrentamientos. No veo gestos que la gente entienda para buscar un diálogo”, dijo Paredes.

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Hablan los congresistas

A pesar de la convulsión social en el país, Alberto Otárola acudió ayer junto con sus ministros al Congreso para el pedido de confianza. A su llegada, fue recibido por algunos parlamentarios con pancartas en contra del Gabinete por las muertes hasta ahora registradas. Sin embargo, el debate del voto de confianza se dio.

Gestión conversó con tres congresistas de la región Puno, quienes coincidieron en que los mensajes dados por el Gobierno están ‘provocando’ más a la población.

“Este premier es desatinado con sus mensajes. En vez de buscar la tranquilidad y el diálogo, con su discurso él está provocando a la población de Puno. Es más, está buscando el divisionismo y la convulsión”, comentó Carlos Zeballos, congresista de Podemos por Puno.

“El Congreso debe pensar si haremos las reformas. En este contexto, no hay consenso. Dilatar más el tiempo qué sentido tiene. Los pobladores están pidiendo que nos vayamos. Lo más idóneo es adelantar las elecciones”, añadió.

Jorge Flores, congresista de Acción Popular al que le quemaron la casa en Puno, recordó que el 90% de su región votó por Pedro Castillo y que su salida -en parte- ha generado este descontento.

“No podemos reprimir con esas amenazas a un pueblo que tiene causas justas. Pero tampoco el pueblo puede irse por causas descabelladas como pedir un adelanto (de elecciones) de acá a 3 o 4 meses. Hay procedimientos. Lo único que eso lograría es suspender o extender el caos que tenemos hoy para más adelante. Eso debe quedar claro”, subrayó. Flores consideró que se hace urgente una reunión con los dirigentes de Puno.

Para Óscar Zea, congresista no agrupado por Puno (antes fue de Perú Libre), la población pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pero esta opción no estaría en manos del Poder Ejecutivo. El parlamentario pidió que el mensaje de ‘alto al fuego’ debe hacerse de conocimiento público cuanto antes.

DATOS A CONSIDERAR

Personas no gratas. Gobierno Regional de Puno declara personas no gratas a la presidenta Dina Boluarte y a tres ministros de Estado: el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa y Derechos Humanos, José Luis Chávez.

‘Toque de queda’. El primer ministro Alberto Otárola anunció la inmovilización social obligatoria en Puno por tres días, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.

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Duelo nacional. Gobierno declaró duelo nacional laborable para el 11 de enero tras las muertes y heridos que dejan, hasta el momento, las protestas en el país.