El presidente José María Balcázar firmó un proyecto de ley, en condición de coautor cuando era congresista, para establecer una cuota de empleo joven en las empresas públicas y privadas. Esto, en busca de atender un grave problema de desempleo en este grupo.
La propuesta legislativa fue ingresada por la congresista Kelly Portalatino, su correligionaria en Perú Libre, apenas a mediados de enero, casi un mes antes de que se vuelva inquilino de Palacio de Gobierno.
“Tiene por objeto fomentar el empleo a los jóvenes, en el sector público y privado a nivel nacional, implementando cuotas de empleo en las entidades públicas y empresas privadas, con la finalidad de garantizar la inserción laboral de los jóvenes en el país”, se describe como su finalidad.
La medida se aplicaría a todas las empresas que tengan 30 o más trabajadores. La cuota de empleo juvenil consiste en establecer un mínimo del 15% de puestos para jóvenes de 18 a 30 años, que deberán ser acreditadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
En caso de incumplimiento, la penalización se regirá por la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
En su análisis de costo-beneficio, se indica que “la presente propuesta legislativa no generará gastos adicionales para el presupuesto nacional ni significará cargas económicas relevantes para el sector privado”.
¿Una buena o mala medida laboral?
Miguel Jaramillo, investigador de Grade, cuestionó que una mala práctica desde Perú Libre, partido del cual es parte el presidente Balcázar, es creer que los grandes problemas del país se resuelven estableciendo cuotas.
“Es un proyecto de ley en línea a lo que es un partido marxista leninista, que quieren imponerle a las empresa cuotas. Hoy son los jóvenes, mañana verán que hay un problema de participación de las mujeres y también pondrán cuotas. Próximamente, se trasladará este problema a los mayores de edad y se replicará. En general, esta es una idea trasnochada y que se ha evidenciando, en diferentes partes del mundo, que no funciona”, refirió.
Jaramillo indicó que la panacea al desempleo juvenil no es obligar a las empresas del país, tanto públicas como privadas, a contratar. Su resolución pasa por entender que hay un problema estructural por el que las empresas no están contratando, precisamente, a este grupo.
“Las empresas no están contratando jóvenes porque las regulaciones laborales para hacerlo son muy onerosas y los jóvenes no están preparados para entrar al mundo laboral, necesitan entrenamiento. Un tercer factor es que cuenta con poca información para formarse adecuadamente. Esta propuesta legislativa se salta con garrocha todo esto y solo quiere obligar a contratar”, anotó.
Daniel Robles Ibazeta, socio fundador de Robles Ibazeta Consultores, mencionó que, si bien el fin es loable, la medida no es coherente con lo que pretende proteger, pues se pasa de un escenario de incentivos a uno de obligaciones.
“Se introduce una cuota muy rígida, además de que es fiscalizable y sancionable. Pasamos de políticas promocionales a una imposición común. El principal riesgo es la rigidez. Se están olvidando que no todos los sectores productivos tienen la misma dinámica, que no todas las empresas requieren de todos los perfiles. Un cuota transversal no distingue”, puntualizó.
Siguiendo esta línea, Jaramillo observó que las empresas tendrán severas complicaciones para un eventual cumplimiento de esta medida. Así, estimó que se elevarían los niveles de informalidad. “Habrán más empleos en negro, con seguridad”, dijo.
Robles indicó que la propuesta calza con un contexto donde el empleo formal está debilitado y su crecimiento aún es insuficiente. Al agregarle este factor de rigidez, se generan mayores desincentivos y, precisamente, condiciones para que aumente la informalidad.
“Contrario a lo que se busca, las empresas migrarán hacia la informalidad. En el caso de las empresas más pequeñas, de menos de 30 de trabajadores, se generan incentivos perversos para que nunca quieran crecer. Eso podría terminar pasando”, comentó Robles.
De otro lado, Jaramillo anotó que se paralizarían los procesos de nuevas contrataciones para darle espacio a esta cuota de trabajadores jóvenes y se requeriría una reestructuración de las planillas. Aunque la medida indica no generar costos “relevantes”, Jaramillo opinó lo contrario.
“El proyecto te pediría que botes algunos trabajadores para reemplazarlos por los de este grupo. Para esto, hay normas que regulan el despido y las empresas deben cumplirlas. Al cambiar la composición de la planilla, hay costos para las empresas. La composición de la fuerza laboral de las empresas no es un capricho. También habría afectaciones sobre la productividad”, sostuvo.
Robles también consideró que esta propuesta afectaría las planificaciones de las empresas y generarían distorsiones, sin duda traduciéndose en mayores sobrecostos laborales.
“En la práctica demanda una reestructuración organizacional, van a tener que realizarse rotaciones y eso genera más litigios”, indicó.
Así el escenario, el abogado laboralista subrayó que la política para atender esta problemática debe centrarse en crear incentivos, en lugar de imposiciones. “El Estado debe promover marcos de contratación, a partir de créditos fiscales, reducción de sobrecostos, entre otros”, enfatizó.
Para Jaramillo, la propuesta también vulnera aspectos constitucionales al establecer intromisiones en el ámbito privado, por lo que también correspondería una demanda de inconstitucionalidad. “Abordar estas propuestas en medio de gobiernos de transición me parece que no es lo debido”, apuntó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
