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El World Justice Project (WJP) publicó su ranking anual, denominado el “Rule of Law Index”, en el que analiza el “Estado de Derecho” de 140 países, midiendo la efectividad de la aplicación del derecho, así como otros factores relacionados con el manejo del gobierno y temas vinculados a orden, seguridad y derechos fundamentales en base a opiniones de expertos en la materia y la ciudadanía.
En la edición de este año, el Perú se halló en el puesto 90 (0.49 puntos) de 140; un retroceso de tres lugares. De hecho, la posición de este país en el mundo viene retrocediendo a paso constante desde el 2017 y 2018.
Pese a que el Perú tiene un puntaje por encima del promedio en pilares como el relativo a los derechos fundamentales de la población y la sujeción de los poderes del Estado a la ley, así como la transparencia general del Estado en temas legales y de información pública, pierde posición en el escenario internacional debido a su sistema judicial, en el ámbito civil y en el penal, y por la presencia de la corrupción.
El índice del WJP amerita ser revisado porque, como explica Alexandra Ames, jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, “ninguna empresa con estándares antisoborno se va a arriesgar a invertir en un país que tiene una percepción y resultados preocupantes”.
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Problema con Poder Judicial
Con relación al factor de “Justicia Civil”, el Perú se encuentra entre los tres peores países en términos de tardanza en obtener resultados. Es decir, cuando se toma el subfactor: “la justicia civil no está sujeta a demora irrazonable”, el Perú solamente es “superado” por Guatemala y Venezuela.
Los procesos civiles tratan temas desde contratos hasta otros relacionados a familia y son el “pan de cada día” de las empresas, las que tienen que resolver litigios de forma constante.
Krizia Zúñiga, asociada de Zúñiga Álvarez Abogados, señaló que los retrasos innecesarios en el Perú son el resultado de tres elementos que forman un círculo vicioso entre sí: la burocracia, la corrupción y la ineficiencia.
“El clima actual ha generado un escenario donde los actores del mundo judicial han empezado a pedir un ‘incentivo’ para que el proceso avance, lo que se conoce como la “microcorrupción”, explica. La abogada detalló que en el 2019 la microcorrupción alcanzaba el 75% de los procesos que se conocen, por lo que no es que sea un problema menor.
Además -recalca- pese a que un juez solo puede ver 500 procesos al año, reciben más de 5,000, por lo que la falta de eficiencia del sistema judicial debe ser abordada por diferentes frentes.
“Una reforma de justicia debe involucrar todo: un cambio de paradigma de lo escrito a lo oral, mejoramiento de infraestructura y un cambio en la fiscalización”, señala Zúñiga. Agregó que el ente fiscalizador para el Poder Judicial (PJ) es la Oficina de Control de la Magistratura, la cual -indica- “es una puerta giratoria con relación a los juzgados, por lo que son los mismos jueces que fiscalizan a los mismos jueces”.
Ames opina de manera similar. “Sin duda, se requiere una reforma que ha quedado pendiente en el país. La carga procesal ha sido un gran problema para este poder del Estado desde hace mucho tiempo. La digitalización ha ayudado al PJ, hasta cierto punto. La pandemia empujó a burócratas tradicionales del PJ a digitalizar mejor sus procesos para que puedan seguir el caso, pero hoy en día estamos regresando a la normalidad anterior, estamos volviendo al papel, que encarece el proceso y tiempo”, indica.
Consecuencias
La falta de un PJ eficiente podría tener consecuencias severas en la inversión extranjera, según explica Zúñiga. “Si nos perciben como un país sin seguridad jurídica y donde el Gobierno te pone trabas para poner un negocio se va a desincentivar todo tipo de inversión”, indica.
Comentó que “hay que entender que el tema del proceso civil no se limita a la posibilidad de presentar una demanda, sino que va más allá. Si se ve que el sistema judicial no funciona, no se va a querer litigar conflictos en el Perú, por lo cual no se va a querer poner un negocio aquí, dado que el riesgo incrementa”.
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Factores controversiales
El mejor factor del Perú, según el estudio del WJP, es el del equilibrio de poderes. Pero, Ames señala que debe ser revisado con cautela.
“En el caso de equilibrio de poderes hay que ver dicho factor “con pinzas” ya que, en esencia, analiza que el Congreso pueda controlar lo del presidente. Pero, hay un control excesivo al punto que ya no solo se limita el poder desde el punto de vista democrático, sino que lo termina “ahorcando”. Pese a que tenemos un buen puntaje no es un resultado que debería alegrarnos”, señala Ames.
La experta agregó que pese a que el índice lo ve como algo positivo, al final lo que ocurre es una “dictadura parlamentaria”, donde no se le permite al Ejecutivo realizar políticas públicas.
El problema penal
El Perú se encuentra en el puesto 115 de 140 en términos de su justicia penal. Uno de los subfactores más importantes en dicho pilar y en el cual el Perú tiene una puntuación muy baja es aquel que analiza si el sistema correccional es efectivo en reducir las conductas penales.
Luis Lamas Puccio, socio de Lamas Puccio & Abogados, señaló que el sistema carcelario peruano “adolece de varias deficiencias”.
“El sistema pensionario está colapsado, no tiene presupuesto, no tiene personal que pueda rehabilitar a las personas y tampoco cuenta con una metodología real para llegar a ese fin”, explica el abogado, quien además comentó que eso lleva a una tasa de reincidencias altas.
“Tenemos un sistema carcelario que no tiene capacidad de resocializar”, indica, agregando que “no hay interés del Estado por cambiar esto, por lo que la cárcel existe como un símbolo de sanción o castigo y que no existe política que busque reformar ello ni persona con el conocimiento necesario para implementarla”.
Otro factor en el cual el Perú es altamente deficiente es el tiempo en el que se resuelven los procesos penales. Hace poco se introdujo el Nuevo Código Procesal Penal en todo el Perú en el 2020, buscando mejorar este aspecto, entre otros, pero Lamas Puccio señala que no ha sido de mucha ayuda.
“Este sistema innovador más ha sido usado para lograr la impunidad que para crear un sistema de justicia creíble. La criminalidad política, que es la que tiene mayor peso ha pervertido el proceso penal y ahora duran más que antes,” indica el abogado.
Corrupción. La corrupción por parte de los funcionarios del Congreso es uno de los factores en los que al Perú le va peor, situándose en el puesto 130 de 140 en el mundo. “Todavía se toman decisiones de manera poco transparente en el Parlamento y en el Ejecutivo”, explica Ames, quien señala que el Perú debe apuntar a una mayor transparencia, por ejemplo, respecto a las visitas y las conversaciones que se tienen entre congresistas.