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La Contraloría General de la República aseguró que, de acuerdo con un último reporte, la Refinería de Talara, a cargo de Petroperú, no está operando todavía al 100% de su capacidad de carga total, según indicaron altos funcionarios de la entidad de control a Gestión.
“La refinería está, según nos reportan, a más del 95% de operación. Sin embargo, aún faltan algunas pruebas para que se cierre (la operatividad). A la fecha, su inversión representa ya más de US$ 6,500 millones de inversión”, respondió Luis Robas, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial de la Contraloría, a este diario.
Si bien el vicecontralor habla de ese monto de inversión, hay que mencionar que la data oficial de Petroperú muestra que el monto de inversión integral del proyecto de modernización de la refinería de Talara se mantiene en US$ 5,538.52 millones (sin intereses preoperativos).
Estas declaraciones la dio durante la presentación de los resultados de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional 2023.
A su turno, el contralor Nelson Shack manifestó que Petroperú es una de las entidades prioritarias para la Contraloría. “Es, sin duda alguna, una de las preocupaciones principales de nuestro radar porque hay demasiados recursos públicos involucrados (en la refinería)”, señaló el funcionario a Gestión.
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Posterior control
De acuerdo con la petrolera estatal, la refinería de Talara ya se encuentra al tope de su capacidad operativa, según detallaron en un comunicado público. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, refirió que aún no se sabe si realmente está al 100%.
Robas adelantó que están a la espera de que Petroperú garantice que la refinería de Talara ya opera al 100% de su capacidad para realizar una nueva revisión de esta inversión. “Una vez que se termine este proyecto tan importante, vamos a hacer una segunda auditoria de control”, comentó el vicecontralor.
Shack también recordó que la Contraloría emitió en el pasado un primer informe de auditoría sobre la Refinería de Talara, donde se identificaron responsabilidades en torno a un sobrecosto superior a S/ 1,100 millones respecto a esta estructura.
Oficina de Control Institucional
Por su amplio manejo de recursos públicos, el contralor también señaló que, en el marco de la reforma de la Contraloría, han adelantado la absorción de la Oficina de Control Institucional (OCI) de Petroperú.
“En el programa de trabajo que teníamos íbamos a iniciar con los gobiernos locales y provinciales; luego regionales y nacionales. Recién a partir de este segundo semestre íbamos a entrar con la absorción de las OCI. Pero en el caso de Petroperú ya lo hicimos el año pasado, precisamente por las complicaciones que presenta”, refirió.
A partir de ese hecho, Robas agregó que la Contraloría ya emitió más de 26 informes de control concurrente en torno a las operaciones de Petroperú.
“Fue mayor a US$ 3 millones por el reconocimiento de una inversión adicional que en realidad no lo era, sino que era parte del monto contratado en la ampliación del tancaje del terminal del Callao de Petroperú”, recordó Robas sobre este caso.
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Expectativa de reestructuración
Shack también se pronunció respecto al reciente Decreto de Urgencia (DU) con medidas extraordinarias para darle garantías y mejorar la gobernanza corporativa de Petroperú.
De acuerdo con el contralor, luego de que la petrolera estatal contratara a la consultora Arthur D. Little para orientar su reestructuración, no se hizo mucho, lo que ha ocasionado que el Gobierno refuerce el proceso.
“Para eso los contrataron: armar una propuesta. El informe lo solicitamos y entendemos que hubo un proceso tímido de implementación. Por eso se entiende que el Gobierno actual le dé un mayor impulso”, explicó Shack.
El contralor también hizo un llamado para que Petroperú publique los detalles de su reestructuración, especialmente los relacionados a su gobernanza corporativa. Por su lado, Robas recordó que, en el DU 023-2022, que aprobó un aporte de capital para la petrolera, se estableció un plazo de 11 meses para la reestructuración que no se cumplió.
“Se aprobó en octubre del 2022. La Contraloría está siguiendo cada cambio. Con el informe de Arthur D. Little se tiene una primera aproximación sobre en qué consistirá. Vamos a seguir la ejecución del plan”, precisó el vicecontralor.
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