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Luego de una reunión con representantes de diferentes gremios, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que tomarán nuevas medidas para la reactivación económica y el impulso a la inversión privada.
Asimismo, precisó que una de las principales medidas que se tomarán es la implementación de una comisión para destrabar barreras burocráticas.
“Vamos a implementar una Comisión de Ministros para destrabar las barreras burocráticas a través de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi, ya que han habido muchas quejas sobre la tramitología, manifestando que pueden frenar las inversiones”, informó a la prensa.
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Otras medidas, refirió el premier, estarán enfocadas en el apoyo al sector agrario y el apoyo con el sector minero y las mypes pues son el motor del desarrollo productivo del país.
Cabe mencionar que en la reunión estuvieron presentes los líderes del Colegio de Ingenieros de Lima, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la plataforma nacional de gremios de Mipymes, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y la Asociación Defensorial del Productor Agrario.
Asimismo, estuvieron presentes los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El premier agregó que esta ronda de diálogo del Gobierno y el sector privado va a continuar de manera bimensual, “escuchando los problemas de cada gremio y exponiendo las políticas de Gobierno para sacar adelante al país”.
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¿Qué esperan los gremios?
La propuesta no nació en la PCM. Según comenta Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI, inicialmente el gremio planteó al gobierno la idea de crear un alto comisionado para revisar las barreras burocráticas y en la PCM se terminó por optar por una comisión conformada por ministros.
Por lo pronto, Salazar sostiene que es necesario este destrabe para dar impulso a las inversiones privadas que en muchos casos se estancan por temas de tramitología, permisología y burocracia.
“Hay negocios que quieren desarrollarse en el país, pero por temas de permisología, de las municipalidades distritales sobre todo, temas de Digesa, de medio ambiente. Muchas organizaciones nos han llenado de reglamentos y requisitos, uno puede estar dos o tres años esperando los permisos para poder operar”, explicó.
El representante de la SNI señala que las barreras que se deberían revisar principalmente son las relacionadas a las licencias que se solicitan a Defensa Civil, Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), así como los permisos ambientales.
“Muchos de los problemas de inversión en el Perú son por la permisología. La mayoría de las industrias en el Perú padecemos al instalar plantas, es un trámite sumamente complejo poner una planta a funcionar”, agrega.
Si bien el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) indicó que en el 2023 se lograron eliminar 4,058 barreras burocráticas, consiguiendo un ahorro de S/ 89.16 millones, Salazar afirma que no ven el efecto pues pareciera que aparecen más.
“La verdad no vemos el efecto, lo que más vemos es que esto se está incrementando. El año pasado tuvimos cierre de plantas en casi todo Lima, algunos nuevos alcaldes comenzaron a cerrar plantas por X y Z motivos, esto se tiene que analizar”, comentó.
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El sector industrial no es el único afectado por las barreras burocráticas, en el rubro agropecuario. El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, afirma que hay una sobrerregulación e incluso señala que esta regulación viene afectando a su sector tanto como el Fenómeno el Niño.
Amaro señala que, por ejemplo, hay una serie de procesos en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para exportar que es importante acelerarlos.
“A Senasa le falta capacidades presupuestales para atender la demanda de la función agraria porque este es un sector hiper supervisado, tiene que sacar certificados fitosanitarios, tiene que procesar certificados de producción y le falta presupuesto y tiene que acelerar sus procesos para que el productor cuando tenga su mercadería y su producción la inspección sea al momento”, sostiene.
El presidente de AGAP agrega que otra propuesta que evalúa la PCM para el agro, que también tiene relación con la eliminación de barreras burocráticas, es la creación de una “agenda agraria”, que permita dar sostenibilidad a las inversiones.
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