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Se publicó una modificación al Decreto Legislativo 702 por el que se aprobaron las normas que regulan la promoción de inversión privada en telecomunicaciones. Con esto se otorgará a los usuarios de Perú el derecho a recibir una compensación por interrupciones generadas en los servicios públicos.

La ley N° 31761 incorpora el artículo 78-A al D.Leg. mencionado: “Cuando haya una interrupción en el servicio público de por causa atribuible a la empresa operadora, esta devuelve al abonado el pago realizado correspondiente al periodo interrumpido y, además, lo compensa por el tiempo en que no contó con el servicio. La compensación no tiene carácter indemnizatorio”.

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Se agrega que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones () determina la forma de cálculo, las condiciones y en qué casos se realiza la compensación señalada.

Lo dispuesto se aplicará a partir de 60 días calendario. Durante este periodo, Osiptel está encargado de emitir las directivas necesarias para su aplicación. “La falta de emisión de directivas no limita dicha aplicación”, remarca la ley.

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¿Qué opinan las entidades?

Durante la discusión de este texto en el Congreso de la República de Perú, se pidió opinión a diferentes entidades, como Osiptel, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (), , entre otros.

El regulador -Osiptel- emitió opinión favorable en ese momento teniendo en cuenta tres conclusiones: La compensación propuesta genera incentivos para que las empresas operadoras provean una adecuada calidad del servicio; se garantizaría el derecho de los usuarios a acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones de manera continua, pues al verse afectados dichos servicios debido a una interrupción, recibirían una compensación por ello; y Osiptel cuenta con experiencia para definir los casos, formas de cálculo y condiciones en las que se realiza la compensación.

En el caso del MTC, señaló que no le correspondía emitir opinión sobre el tema; Indecopi refirió que correspondía a Osiptel pronunciarse como entidad competente en la materia; y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la consideró viable.

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