Luego de las elecciones municipales y regionales, dentro de casi dos meses, nuevas autoridades asumirán los gobiernos locales y regionales con un reto particularmente complejo frente al fenómeno de El Niño (FEN).
Bajo ese escenario en el que la ejecución de obras serán claves, ¿qué encontrarán las nuevas autoridades cuando revisen los proyectos que heredarán de gestiones pasadas?
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los gobiernos locales y regionales del Perú vienen acumulando 53,332 proyectos inconclusos, entre paralizados y abandonados en los últimos casi 15 años.
Un análisis realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) con los datos abiertos del MEF evidencia que estos proyectos representan al 65% de la inversión pública activa en las carteras de los gobiernos subnacionales entre 2012 y 2026.
Si bien no todos los recursos estarían perdidos, pues algunas obras podrían reactivarse, se estima que los gobiernos regionales y las municipalidades llegaron a gastar unos S/ 19,600 millones en estos proyectos, precisó Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE.
“A septiembre de 2026, el devengado acumulado en proyectos que están paralizados o abandonados es de S/ 19,600 millones. No es que todo eso se haya perdido, sino es lo que se ha gastado en proyectos inconclusos, pero aún considerados activos”, comentó a Gestión.
Solo en proyectos abandonados -calificación que se les da a aquellos que tienen más de 18 meses sin avances- se estima que ya se ha gastado cerca de S/ 10,800 millones en 17,030 inversiones durante estos casi 15 años.
Los gobiernos locales y regionales del Perú vienen acumulando 53,332 proyectos inconclusos, entre paralizados y abandonados en los últimos casi 15 años.
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La dimensión del problema es mayor si se tiene en cuenta cuánto representan del total. Un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) identificó que, considerando tanto gobiernos subnacionales como Gobierno Nacional, existe un total de 18,851 proyectos activos que se encuentran en condición de abandono con una ejecución acumulada de S/ 13,600 millones.
Esto implica que 9 de cada 10 proyectos de inversión que se encuentran abandonados están bajo la administración de los gobiernos regionales y las municipalidades.
La mayor parte de proyectos en abandono se encuentran en Lima, Junín, Áncash, Puno y Cajamarca. Una de las principales causas de este estancamiento radica en la falta de continuidad entre gestiones, señaló Álvaro Cubas, economista del CPC.
“En el caso de Lima puede deberse a que es una de las regiones que tiene más presupuesto. Entonces, también tiene una cartera bastante amplia. Pero en el caso de Junín y Ancash son regiones que no tienen muchos proyectos ni tanto presupuesto. En ese caso, es el cambio de autoridad es el que acrecienta la tasa de abandono”, refirió.
Pero el problema no solo son los alcaldes y gobernadores que priorizan sus propios proyectos, sino también la falta de “candados” para evitar que se pongan sobre la mesa proyectos que no siempre son ideales.
“Hace 15 años había filtros más estrictos respecto a la formulación de proyectos y se requería mayor aprobación y supervisión del Gobierno nacional. Ahora, la formulación y aprobación es más sencilla a nivel subnacional. Al haber menos ‘candados’, surgen proyectos mal formulados, sin fondos asegurados o con expedientes técnicos deficientes que derivan en controversias, arbitrajes y paralizaciones”, explicó Valencia, del IPE.
Otro problema está con las contrataciones. El especialista del IPE recordó que, antes de la nueva ley de contrataciones, el criterio principal era adjudicar al costo más bajo, por lo que muchas empresas recién constituidas o sin capacidad financiera ganaban licitaciones con montos que luego no podían costear. Con esto, “en el peor de los casos cobraban adelantos y abandonaban la obra sin intención real de continuarla”.
Estos escenarios han terminado dejando en espera a casi la mitad de proyectos que ya tenían recursos comprometidos. Según el CPC, a nivel nacional, el 43.1% de las inversiones que están en esta condición ya había utilizado entre la mitad y casi todo el presupuesto previsto, pero aun así quedaron sin continuar.
En el otro extremo, se indica que un 40.7% de los proyectos abandonados solo habían utilizado menos de 10% de sus recursos.
Para evitar que esta situación continúe, añadió Cubas, se requiere mejorar la calidad de la preinversión, de modo que los proyectos que se incorporen respondan efectivamente a una necesidad del territorio y no terminen quedándose únicamente en la etapa de viabilidad o en el expediente técnico por falta de planificación o de compromiso para ejecutarlos.
¿Hay posibilidad de reactivarlas?
Los especialistas precisaron que una inversión figure como abandonada no significa que haya dejado de estar activa, por lo que habría posibilidad de reanudar algunas.
“Si lleva abandonado más de cinco años, te diría que no hay manera de recuperarlo. Si recién están en el mes 20, quizás existe una forma de recuperarlos, pero el hecho de estar en la categoría de abandonados ya es una mala señal y hace poco probable su reanudación”, señaló Valencia.
Pero, ¿cómo están la mayoría? Los datos indican que un proyecto promedio lleva 40 meses sin registrar ejecución. En tanto, se identifican más de 10,000 inversiones que tienen, al menos, tres años sin registrar movimiento y 4,587 acumulan cinco años o más.
Para Cubas, las probabilidades de continuar estos proyectos dependerá de las razones por las que quedaron en pausa y del estado en que se encuentren.
“Un proyecto con un ligero avance o cuya paralización sea por una traba administrativa, un tema del predio o se cayó la licitación con la empresa constructora, pero ya tiene su expediente; tiene la posibilidad si el tiempo no es muy alejado. Mientras más largo sea el periodo, definitivamente, más complicada se hace la situación”, indicó.
En ese sentido, indicó que un proyecto que tenga cuatro o cinco años sin ejecutarse, que haya gastado 15% de su presupuesto o menos y que no tenga expediente técnico sería más difícil de reactivar.
La revisión de esta cartera será parte de la tarea que recibirán los nuevos alcaldes y gobernadores, pero los especialistas precisaron que no se trata de intentar reactivar automáticamente los miles de proyectos abandonados, sino de determinar cuáles todavía justifican una nueva inversión y cuáles deberían cerrarse.
El cierre de estos proyectos, añadieron, permite sincerar la cartera y evitar que se continúen considerando para la asignación de presupuesto.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
