Durante el último mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció que se fusionarán dos pares de ministerios para una optimización de recursos públicos. Esta semana se darían a conocer cuáles serán los carteras que se unificarán. Pero, ya han trascendido algunos nombres.
Ya se habla de que se habría puesto el foco en carteras como Mujer y Poblaciones Vulnerables; Desarrollo e Inclusión Social; e incluso Comercio Exterior y Turismo, así como Cancillería.
Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que la medida apunta a incrementar la eficacia del Estado, evitando la duplicidad de funciones y que se incurra en mayores gastos, los especialistas consultados por Gestión advierten que estos cambios no necesariamente mejorarían la gestión pública.
Karla Gaviño, especialista en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza, advierten que el tiempo para hacer este tipo de reformas no es el adecuado debido a que al Gobierno de Dina Boluarte le quedan poco menos de dos años para hacer estos cambios estructurales en el Poder Ejecutivo.
Gaviño indicó que, de hecho, este tipo de medidas son más propias de gestiones entrantes o que estén todavía en su primer año de mandato, no en gobiernos salientes en las que hay cuestionamientos en las decisiones gubernamentales.
La especialista señaló que llama la atención el momento y la forma en que se están adoptando este tipo de decisiones. Para iniciar con una reforma de este tipo, precisó, se debería realizar un análisis técnico sustentado, priorizando la gestión pública antes que la urgencia política.
“Creo que cuando se toman decisiones con premura políticas y sin tener mucho apoyo social, las posibilidades de error son altas y sería lamentable que esto ocurra en este tipo de escenarios cuando se están haciendo transformaciones tan importantes como la forma en que está organizado el Poder Ejecutivo”, comentó.
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La economista agrega que en la etapa actual del Gobierno, es probable que la agenda de las agrupaciones políticas estén apuntando más al escenario electoral que al apoyo en la continuidad de este tipo de reformas que implican pues este grandes modificaciones.
Indica que sería importante que con estas reformas se pueda impulsar espacios como el Consejo Nacional de Productividad y Fomento y acuerdos con el sector privado, pues no da la impresión de que el Gobierno tenga las fortalezas como para implementar reformas de esta envergadura solo, si es que se quiere llegar a un buen puerto.
Para Castilla de Videnza, la manera en la que el Gobierno plantea la reforma sería muy simplista, pues se trataría de un anuncio “más para la tribuna y no como un planteamiento pensado en mejorar el funcionamiento del Estado que presente servicios de calidad para la ciudadanía”.
¿Qué necesita esta reforma?
Karla Gaviño de la UP explica que, en primer lugar, cualquier creación o absorción de entidades públicas requiere de un informe aprobado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y contar con los procedimientos que permitan la continuidad de los servicios en tanto se van llevando a cabo estas fusiones.
Para ello, se recomienda que el pase de programas, funciones de proyectos e instituciones de un ministerio a otro se produzca de manera progresiva, pues una fusión inmediata no permitiría la maduración necesaria de los procesos.
“El traspaso de las funciones tiene que hacerse con cautela, tiene que también procurarse tener el personal idóneo para poder llevar a cabo estas nuevas tareas y ahí hay algunos temas que se van a tener que ver con el régimen de Servicio Civil”, sostuvo.
Gaviño indicó, al momento de realizar estas fusiones de ministerios será importante cautelar que se mantenga el expertise técnico en las instituciones y evitar que algunas tareas públicas o servicios que debe dar el Estado queden sin un liderazgo al cual la ciudadanía pueda recurrir.
“Es importante que no haya tareas que queden en el vacío y que no se terminen generando grandes aparatos burocráticos”, agregó.
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Para Luis Miguel Castilla, director de Videnza, el impacto dependerá de qué ministerios se fusionarían y si hace sentido buscar esa complementariedad entre las carteras, proceso que debería pasar por una comisión reorganizadora.
“No es un ejercicio simplemente de fusión de que se juntan y se reducen ministerios, sino que involucra todo un trabajo de racionalización, de ver perfiles de personal, ver que tenemos distintas reglas laborales, hay muchos aspectos para definir qué cosas se fusionan que no. Con solo fusionar no obtengo eficiencia, ahorro (de los recursos del Estado) y mayor efectividad, el Estado es muy complejo”, comentó.
Castilla apunta que lograr una mayor eficiencia en las funciones de estos ministerios dependerá de quién presté los servicios, cuáles son los mecanismos de control, los incentivos y las capacidades que se tengan. Para esto, se necesitará de una revisión del marco de funcionamiento del Estado, así como de roles.
Con esta fusión de ministerios, el director de Videnza advierte que se va a tener que reducir personal del sector público para evitar que se dupliquen las funciones. Ello, sin un correcto manejo, podría afectar a los recursos públicos por posibles demandas de los trabajadores.
“Esto debería tener algún tipo de ley habilitante para que las personas que pierdan su trabajo no acudan al Poder Judicial y sean repuestas. Hemos visto eso en el pasado cuando hace 20 o 30 años se hizo una poda de funcionarios públicos y hubo distintas listas de ceses colectivos. Eso ocasiona un problema, no solamente de falta de idoneidad de personal que repuesto, sino de recursos presupuestal que debe ser afrontado que no es menor”, sostiene.
El exministro indica que también se tendrán que ver las facultades que tienen los ministerios que se fusionarían, a fin de evitar que se perturbe la continuidad a la ejecución de proyectos o la ejecución de políticas públicas.
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