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En un intento por promover el crecimiento económico sostenible en el país y aumentar la formalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una serie de medidas de mediano plazo, que van desde la mejora del sistema fiscal hasta un mayor número de notarios para reducir costo de servicios.
El titular del MEF, José Arista, sostuvo que hay urgencia de modernizar el Tribunal Fiscal (TF), con el objetivo de agilizar los procesos de resolución de disputas tributarias. Este planteamiento busca brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, así como promover un ambiente propicio para la inversión.
Además, explicó que se debe trabajar más en el TF para fortalecer los ingresos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Los expedientes se demoran entre cuatro a cinco años en ser solucionados. (...) Nuestro propósito es dotar del personal, de toda la logística necesaria, para reducir ese tiempo a un año”, señaló el ministro durante su presentación en Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Aún así, el ministro del MEF declaró a Gestión que no se requiere una ley para optimizar completamente las labores del TF. Recordó a este diario que hay un mandato del Tribunal Constitucional (TC) que exige que los plazos para resolver son de un año.
Arista mencionó en otro momento que se necesita el apoyo del Congreso de la República porque hay una ley que permite que, además de las apelaciones tributarias recibidas de Sunat, el TF debe resolver todas las apelaciones de los gobiernos locales. “Eso está mal, uno tiene que darle esa facultad a los gobiernos locales y provinciales, no podemos tener tan centralizada la resolución de esas apelaciones”, refirió.
En conversación con Gestión, Jorge Picón, socio gerente de Picón & Asociados, señaló que se debería reestructurar el TF e implementarlos con tecnología para que se pueda resolver los plazos de apelación en un año. Un ejemplo claro es el tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), donde la integración de nuevas herramientas tecnológicas ha resultado en una gestión más ágil y efectiva de los casos.
Sin embargo, el tributarista indicó que el TF tiene un problema de fondo, que es el fallo sesgado hacia el sector público, ya que resuelve, principalmente, a favor de la Sunat, lo que genera inseguridad jurídica.
“La administración del tribunal es muy mala, tiene un atraso enorme de expedientes. Se necesita un TF especializado objetivo. Ahora, si se pretende desarrollar una segunda instancia técnica en provincia, es como decir que los gobiernos regionales pueden gastar bien. No me parece que se les deba dar (facultades) a los gobiernos regionales o locales”, remarcó.
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Más notarios
El ministro Arista también señaló que se debe aumentar el número de notarios en el país. Esta medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios notariales, lo que podría reducir los costos asociados con la formalización de contratos y transacciones comerciales.
Detalló que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que, por cada 50,000 habitantes, tiene un notario. Como dato, el titular del MEF apuntó que Uruguay tiene 900 notarios para una población de 3.3 millones, y en el Perú hay 600 para la población peruana. Arista dijo a este diario que se debe alcanzar al menos un notario por cada 10,000 habitantes.
Añadió que la falta de notarios más se siente en provincias, en donde es ciertos casos “actúan como monopolios”. “Por ejemplo, una carta notarial cuesta S/ 50.00, es el salario de un obrero, me parece un exceso”, dijo.
Ante esta necesidad, Arista mencionó que se debe abrir más el mercado y eliminar cualquier restricción legal que limite la entrada de más notarios. Manifestó que presentará en los próximos meses un proyecto de ley al Congreso de la República que permita designar un mayor número de notarios en el país.
Cabe recordar que el Decreto Legislativo 1049, del Notariado, pone algunos parámetros para esta función. Por ejemplo, establece que el ingreso a la función notarial se efectúa mediante concurso público de méritos ante jurado calificador. Además, tiene limitantes para la creación de plazas notariales.
Al respecto, Picón sostuvo que se debe sacar una norma que permita que más profesionales de este rubro ingresen al mercado.
“Eso fomentaría más la competencia y abarataría los costos, así como se agilizarían los procesos de trámites. Pero para ser notario se necesita estudios especializados y eso demora. Esta es una profesión bastante lucrativa”, apuntó el socio del estudio Picón.
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Coincidiendo con Picón, Luis García Romero, socio del estudio Muñiz, resaltó que es una medida positiva la intención de ampliar el número de notarios en el país, siempre y cuando los concursos sean muy exigentes tanto en aspectos técnicos como morales.
“Deben ser profesionales de primer nivel porque en provincia se observa que algunos presentan deficiencias técnicas. En cuanto a lo moral, es fundamental que sean personas transparentes, sin ningún tipo de antecedentes”, subrayó.
Reducir tasas de Sunarp
El ministro planteó -como segunda medida- reducir la tasa de registro en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), lo que podría aliviar la carga financiera para empresas y ciudadanos que necesitan registrar propiedades u otros activos. Esta reducción tarifaria se percibe como un estímulo adicional para la actividad económica y el desarrollo empresarial.
“Creemos que parte de la informalidad se explica por los costos altos que tiene que pagar el público para hacer los trámites. Sunarp debe atender ‘24x7′ y sus costos deben ser razonables respecto a los que viene cobrando a la fecha”, anotó.
García también comentó que es una buena iniciativa del Gobierno que se busque bajar las tasas de Sunarp, debido a que podría ser un mecanismo para fomentar la formalidad.
“Las tasas deben ser la contraprestación por el costo de acceder al servicio, entonces, no tendría por qué ser tan onerosas, ya que eso espanta a la formalidad. Por ejemplo, si la tarifa para registrar una propiedad es alta, entonces, es un incentivo a la informalidad”, afirmó.
Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.
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