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Han pasado 14 años desde que en el Gobierno de Ollanta Humala se modificó el esquema de tributación minera para que las empresas del ramo paguen más en temporadas de precios altos de los metales, pero eso no necesariamente se ha reflejado en mayor beneficio en las poblaciones del entorno de esa industria extractiva.
Esto último lo reconoció el viceministro de Minas, Henry Luna, en la conferencia “Camino a la reactivación económica”, que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde reconoció que no se gastan todos los recursos que se recauda de las mineras y se transfieren a los gobiernos subnacionales.
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Esos gobiernos, en el 2023 -explicó Luna- recibieron un monto total aproximado de S/11,000 millones por impuestos como el gravamen especial a la minería, y el Impuesto especial a la minería, que van como fondo a las regiones.
“Si vemos el tema del gasto del canon, las regalías, el derecho de vigencia en las regiones, (ese gasto) no se está dando porque, posiblemente, los procesos sean muy engorrosos (pese a que hay) muchos requerimientos para hacer obras de infraestructura”, anotó.
Plantea restituir programa solidario
En tal sentido, el viceministro consideró -como una solución a esa falta de capacidad de gasto- que en este momento es importante que se reactive el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, que se aplicó en el Perú entre los años 2006 y 2011.
Ese programa -implementado durante el segundo Gobierno de Alan García-, era un compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado en acuerdos entre las mineras, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Tal aporte iba a un fondo que permitía a esas empresas, realizar directamente proyectos de obras sociales planteadas por las comunidades de sus zonas de influencia, y para cuya ejecución y sostenibilidad daban además de recursos, su apoyo técnico.
¿Qué tipo de proyectos sociales podía ejecutar?
Las obras sociales, en orden de prioridad, que se podían ejecutar con ese fondo, eran las relacionadas a nutrición y alimentación de menores y madres gestantes; educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica.
También proyectos de salud; desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública, promoción de cadenas productivas o de proyectos de desarrollo sostenible; infraestructura básica y obras de impacto local o regional con uso intensivo de mano de obra local.
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Fórmula adecuada
Luna consideró que fue una fórmula muy adecuada, pues permitía que las empresas mineras, en conjunto con las autoridades regionales, municipios y pobladores de las zonas vecinas a los centros mineros, escogieran qué tipo de obras sociales querían realizar, y éstas se hicieran de inmediato.
El mencionado programa estuvo vigente hasta finales del 2011, cuando el Gobierno de Humala aplicó un nuevo esquema de tributación minera, que creó el Gravamen minero y el Impuesto Especial a la Minería, que aumentaba el aporte tributario de las empresas, en forma progresiva, a medida que crecían los precios de los metales.
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Luna remarcó que es importante reactivar ahora dicho programa, con (un fondo constituido con) lo que actualmente es el gravamen minero y el impuesto especial a esa actividad, con la finalidad de mejorar la imagen de la minería peruana (en sus zonas de influencia).
“Los pobladores no sienten en este momento las obras (…). Participé en programas con autoridades locales, comunales y regionales, y nos dicen: ‘quiero obras de inmediato, no quiero canon, regalías, porque los fondos no los puedo gastar’”, anotó.
Gestión consultó al área de prensa del Minem sobre el anuncio del viceministro, y ese sector confirmó que -en efecto- van a evaluar la reactivación del mencionado programa.
¿Qué dicen las empresas?
Al respecto, Domingo Drago, presidente de Rumbo a Perumin y titular del comité de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleto y Energía (Snmpe), consideró que la propuesta del viceministro de Minas resulta interesante, dado que en la última década solo se ha invertido un 68% en promedio, del canon y regalías (destinado a los gobiernos subnacionales).
Indicó que (para una posible reactivación del programa minero de solidaridad con el pueblo) no se usaría recursos del canon y regalías, que ya tienen su propio mecanismo de aplicación por ley, sino se haría con los recursos del gravamen minero y el Impuesto Especial a la Minería.
Ello, porque fue con estas dos últimas nuevas fuentes de ingreso que aporta esa industria, que se sustituyó lo que antes era el aporte o óvolo voluntario como también se conoció a ese programa.
Vacío en la generación de obras rápidas
Sobre el tema, la exministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz -en cuya gestión en ese sector (entre el 2009 y el 2010) se aplicó el citado programa- señaló que cuando el Gobierno de Humala lo eliminó buscando aumentar los impuestos a la minería, creó un vacío en cómo generar obras sociales de rápida ejecución y por acuerdo entre las partes.
Esto hoy, anotó Aráoz, no ha podido ser reemplazado aún con el programa de Obras por Impuestos (que aplican en su mayoría las mineras) porque el techo fiscal establece un límite para no afectar la recaudación tributaria.
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“No debe implicar generar más impuestos”
Marcial García Schreck, experto en tributación minera de EY Perú, señaló que el programa aplicado durante el segundo Gobierno aprista se dio en un contexto diferente al actual, recordando que estuvo más dirigido a mineras que contaban con contratos de estabilidad tributaria (y que por tanto, no estaban obligadas a pagar más tributos así subiera el precio).
Ahora, anotó, si el viceministro Luna se refiere a recrear un esquema (como tenía ese programa) que permita gestionar mejor los recursos que hoy se recaudan al sector minero, el especialista lo consideró viable. Pero, lo consideró no adecuado, si es que se refiere a crear más impuestos a esa actividad, porque afectaría la competitividad de la minería peruana.
“Una cosa diferente sería que se establezca un esquema donde el canon, que es el 50% del Impuesto a la Renta, sea gestionado por las compañías mineras bajo un esquema parecido al aporte voluntario, o (que gestionen) las regalías que también van a las regiones”, planteó el socio de EY Perú.
Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
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