Las mineras de cobre en Perú, que afrontan la incertidumbre política y las constantes protestas sociales en el sector, encaran otro obstáculo para acelerar la producción del metal rojo: demasiada burocracia.
La producción de cobre en Perú se ha mantenido con altibajos en los últimos cinco años y, según expertos, podría perder después del 2026 el segundo lugar como mayor abastecedor global ante el auge de la República Democrática del Congo.
Perú produjo 2′438,631 toneladas de cobre en 2022, un 4.8% más frente al año previo y muy cerca de sus máximos del 2019.
Importantes ejecutivos del sector mostraron en un reciente foro de la industria en Lima su preocupación por el retraso para desarrollar proyectos en Perú con inversiones de US$ 53,000 millones, el 72% de ellos de cobre, según datos oficiales.
“Operar una mina en Perú puede demorar entre 10 a 15 años, sin que se presenten mayores dificultades, lejos del promedio mundial de unos ocho años”, dijo el vicepresidente de finanzas de Southern Copper, Raúl Jacob, al margen del evento.
El ejecutivo indicó que las compañías tienen que gestionar al menos 230 “procesos administrativos” en diferentes entidades del Estado peruano para iniciar la construcción de una mina. Hace dos décadas la carga regulatoria sumaba una docena.
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“Hay procedimientos que se repiten, la misma información se entrega a distintas agencias que no coordinan entre sí”, dijo Jacob a Reuters. “Entonces lo que ocurre en la práctica es que todo esto impide que el proyecto avance”, agregó.
Southern Copper tiene bajo el brazo hasta cinco proyectos por US$ 8,600 millones. Entre ellos Tía María, detenida desde hace una década debido a temores de contaminación de la población; y Los Chancas, donde pequeños mineros ilegales mantienen invadida parte de la concesión.
El director general de minería del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Soto, afirmó que se está trabajando para reducir los tiempos de respuesta con varias entidades del Estado que tienen que ver con el uso de agua, el medio ambiente y en la protección de los recursos y las comunidades indígenas.
“Se está viendo en conjunto cuáles son las normas mas propicias o elementales que deberían aplicarse, y aquellas que no son necesarias dejarlas”, manifestó a Reuters. “Pero eso no significa que tienen que hacerse de la noche a la mañana, porque no es fácil en un aparato estatal muy grande”.
Mayor celeridad
La minería es el motor de la economía de Perú y elevar su producción es un desafío, porque se espera una mayor demanda global de cobre por el cambio energético. Chile, el mayor productor del metal rojo, también ha visto caer su producción.
El Gobierno anunció este año un convenio con el Banco Mundial para revisar todos los trámites con el fin de alinear esos procedimientos con los que se realizan más rápidos en otros países mineros de la región como Chile, Canadá y México.
El ministerio de Energía y Minas espera dar luz verde a proyectos por US$ 7,000 millones entre 2023 y 2024.
Pero Newmont Corp dijo que retrasará al menos dos años su decisión de invertir en su proyecto Yanacocha Sulfuros de US$ 2,500 millones para optimizar su cartera y elevar el retorno a sus accionistas.
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El banco central dijo en junio que la inversión minera en Perú caerá este año un 19% por el retraso de los proyectos.
“Nadie está hablando de cambiar estándares, pero si de más celeridad”, dijo Víctor Gobitz, presidente de Antamina, la mayor productora de cobre del país controlada por las gigantes BHP y Glencore, que espera desde el año pasado la aprobación oficial para extender la vida útil de su mina.
Además de los innumerables trámites, las mineras enfrentan constantes conflictos sociales y políticos en Perú, que ha visto transitar seis presidentes y tres congresos en cinco años, tras renuncias y destituciones de los jefes de Estado en medio de protestas de ciudadanos e investigaciones de corrupción.
Este año algunas mineras frenaron por semanas sus faenas por bloqueos de carreteras. Las Bambas, de la china MMG Ltd , ha perdido más de 1.5 años de producción debido a las protestas desde que inició su operación en 2016.
El cambio constante de titulares del sector también retrasa el visto bueno de proyectos. Desde inicios del 2022 hasta julio de este año han desfilado seis ministros de Energía y Minas. “Si tengo una rotación permanente de funcionarios en temas claves como este, todo se vuelve engorroso”, dijo Gobitz de Antamina.
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José de Echave, investigador de la ONG ambientalista CooperAcción, dijo que el retraso se debe a que muchos proyectos son resistidos por las comunidades por temas ambientales o porque no sienten los beneficios de la industria y no a las regulaciones. La producción de cobre se duplicó en la última década con casi los mismos trámites, destacó.
“Insistir en esos tipos de proyectos me parece es crear más tensión social que no le hace bien a la minería”, manifestó.
Las protestas de inicio de año que demandaron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y nueva Constitución, podrían reanudarse desde el 19 de julio, según han anunciado sus organizadores, la mayoría del sur minero históricamente opositores al centralismo de Lima.
El Ministerio del Interior ha anunciado la movilización de 8,000 policías para evitar posibles disturbios en las protestas.
Fuente: Reuters
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