En los últimos siete años el oro triplicó su cotización, aunque desde el 2024 el avance fue más acentuado, al pasar de US$ 2,040 a US$ 3,900 la onza. En el 2019 su precio era de US$ 1,300.
Como suele pasar con el auge de materias primas, el del metal dorado trajo favorable impacto al país, al engrosar su balanza comercial e impulsar la inversión minera, pero también consecuencias deleznables que se traducen en la actividad ilegal ligada al oro.
Ahora, al año se producen en el Perú 109 toneladas de oro pero se exportan 209, brecha que trasluce la creciente extracción ilícita. IPE estima que en el primer semestre el 54% del oro exportado por el país fue de origen ilegal, con lo que, por primera vez, superó los envíos legales del metal.
Fastuosas estructuras hoteleras, residenciales y de entretenimiento, junto con autos y camionetas de última generación son parte del nuevo paisaje de pueblos y ciudades de la costa y sierra del país. Son, al mismo tiempo, indicios del avance raudo de la minería ilegal.
“En la fase de producción a la exportación del oro ilegal hay puntos comunes entre los precios altos, zonas de baja supervisión, dificultad de trazabilidad, funcionarios corruptos, uso de efectivo, tráfico de armas y delitos ambientales como la tala”, refirió Andrea Agudelo, coordinadora regional del área de corrupción y delitos económicos de UNODC.
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Oro ilegal es una de las economías criminales en el Perú.
Paso decisivo
Esas condiciones facilitan la penetración de la minería ilegal, animada por los altos precios internacionales del oro. Aunque las organizaciones criminales involucradas saben que el siguiente paso, decisivo para sus intereses, es fortalecer sus estructuras delictivas para revestir de un manto de legalidad y formalidad el flujo financiero ilícito que generan, es decir, lavar ese dinero negro.
“La minería ilegal ha aprendido a operar dentro de la cadena formal de comercialización de oro para ocultar su origen ilícito”, señaló Johnn Jananpa, especialista ambiental de UNODC, en el marco de la Semana de Prevención de Lavado de Activos organizada por la SBS.
En dicho foro, los especialistas parecieron coincidir en una tesis que, por varios años, subyace en los planteamientos de quienes analizan las actividades criminales: lo medular en la lucha contra estas es atacar y debilitar su economía, sus finanzas y patrimonio, siendo ello igual de relevante que la trazabilidad, interdicción y otros operativos.
“Se requiere inteligencia financiera, inteligencia patrimonial, que ataque, interdicte la cabeza de esos negocios ilegales, los nuevos millonarios, que se aplique la extinción de dominio a sus propiedades, cuentas, porque si se les quita el dinero, no llegará a la parte operativa”, manifestó el alto comisionado de la PCM para la lucha contra la minería ilegal, Raúl Hoyos de Vinatea.
Autos de lujo son señales que ostentan los mineros ilegales. (Fotos: USI)
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Grandes nuevos millonarios
“¿Cuántos grandes nuevos millonarios ilegales se han detenido o encarcelado, qué cuentas bancarias se han cerrado relacionadas con la minería ilegal que convive con economías negras? Por lo menos no las vemos en los noticieros y son muy pocas”, criticó.
Inteligencia financiera para detectar los patrimonios ilegales, y enfrentar la corrupción son las acciones pendientes, pero que se adoptarán en la estrategia desarrollada por el Gobierno para la lucha contra la minería ilegal, afirmó.
El plan tiene como ejes la formalización mediante la ley MAPE-presentada recientemente al Congreso- y una interdicción permanente e integral y no solo operativa, que requiere la participación de otras entidades estatales, como Sutran Sunat, Ministerio Público y UIF.
“Si UIF y el Ministerio Público no interdictan los flujos financieros que mueve esta economía ilegal, no hace la extinción de dominio a las propiedad de esos nuevos millonarios (como los dueños de algunas plantas de beneficio) y sus cuentas que se favorecen de la minería ilegal, especialmente a través de la exportación ilegal del oro; entonces no se hará nada”, dijo Hoyos.
El último eje de la estrategia –que se extenderá hasta el 2030- será recuperar el medio ambiente a través de economías alternativas que permitan el desarrollo de las zonas afectadas, añadió.
Janet Tello, presidente del Poder Judicial, crítica cambios introducidos a norma sobre extinción de dominio. (Foto: PJ).
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¿Qué pasará con la extinción de dominio?
Debe extenderse la extinción de dominio (incautación de bienes de origen ilícito) y dar prioridad al decomiso, afirmó César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales.
La ley de extinción fue emitida en el 2018. Luego, en el 2025 fue modificada por la ley 32326, que, según la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos.
La semana pasada,la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio. La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
La propuesta legislativa busca restablecer la independencia de este procedimiento respecto de los procesos penales, de manera que el Estado pueda solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas, sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.
Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.
