Los inversionistas en US$ 2.900 millones de bonos de Bunge Ltd. son los más expuestos al reglamento de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de materias primas producidas en tierras deforestadas.
Así lo advierten, al menos, los analistas de Anthropocene Fixed Income Institute, que afirman que los inversionistas de la comercializadora de cultivos se encuentran entre los que corren el riesgo de sufrir el impacto crediticio de los esfuerzos de la UE. Las nuevas normas exigen que las empresas que venden determinadas materias primas en la región demuestren que han evitado utilizar tierras deforestadas.
Según los analistas Stéphanie Mielnik y Thomas White, el reglamento normativa podría acarrear costosas sanciones y la pérdida de acceso al mercado para las empresas que no cumplan las normas, y el riesgo es alto para los comerciantes de soja, como Bunge y la brasileña André Maggi Participações SA.
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“El deterioro del crédito y los mayores costos de endeudamiento podrían ser significativos para los inversionistas”, escribieron los analistas en una nota del miércoles. “Estos mayores riesgos no parecen reflejarse en los niveles actuales de diferenciales de crédito”.
Los representantes de Bunge y André Maggi Participações no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Las normas de la UE pretenden detener la tala de bosques para cultivar productos como aceite de palma, soja, carne de vacuno, madera, caucho, cacao y café que se venden en Europa. Las empresas tienen hasta fines de 2024 para cumplirla, con un período de gracia adicional de seis meses para las pequeñas empresas.
Mientras algunos de los mayores productores agrícolas del mundo se oponen a la normativa, Mielnik y White instan a los inversionistas a tenerla en cuenta a la hora de evaluar la deuda de las empresas agrícolas.
Los productores de soja son especialmente vulnerables, según los analistas, ya que Europa es uno de los mayores importadores de este cultivo. Al menos la mitad de esas importaciones provienen de Brasil.
“Sería estratégico que los inversionistas revisaran sus inversiones antes de que entre en vigor el reglamento, lo que podría provocar un ajuste de precios”, escribieron los analistas.
El análisis del Anthropocene Fixed Income Institute consistió en 24 operadores de soja que, según Trase Finance, están muy expuestos a la conversión de ecosistemas naturales en tierras de cultivo en Brasil.
En total, esas empresas tienen más de US$ 43.000 millones de deuda pendiente denominada en monedas mundiales, y casi el 35% vencerá antes de 2027, según el análisis.
La posible necesidad de refinanciación es una oportunidad para que los inversionistas presionen a las empresas sobre su exposición a las últimas normas de la UE, escribieron Mielnik y White.
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