¿Los call centers pueden operar durante el estado de emergencia?

Entre los centros de trabajo inicialmente autorizados para laborar durante este periodo de cuarentena se encontraban los call centers. En las últimas fechas, ha habido una serie de incidentes en los cuales trabajadores han sido encontrados trabajando en estos locales y se ha procedido a su cierre, pero, ¿acaso debería ser así?

Debido a la continuidad de la operación de varios call centers, el gobierno emitió un nuevo decreto supremo en el cual especificaban que solo podían operar los call centers “para los servicios vinculados a la emergencia”. Es decir, aquellos que trataran con la venta de productos al extranjero o de servicios no esenciales no debían operar.

Sin embargo, aquellos que puedan tener como objeto manejar líneas telefónicas u ofrecer servicios de ampliación de la línea de internet sí deberían operar.

De acuerdo a Alonso Rey Bustamante, socio del estudio Payet, este tipo de call centers “prestan un servicio cuando pueden haber fallas técnicas. Además ofrecen ampliación de la banda para personas que puedan necesitarlo en estos días para realizar su teletrabajo”. Comenta que este servicio es en beneficio privados y del Estado.

Es necesario, sin embargo, que estos call centers sigan mecanismos de prevención como son el permanecer a 1 metro de distancia uno del otro o tomar la temperatura de los trabajadores antes de ingresar.

Capacidad de la Policía

“Quienes deberían revisar que se cumple con estas obligaciones no es la policía”, señala Rey, quien considera que “Debería ser el mismo ministerio de trabajo, de transportes u Osiptel quien revise el cumplimiento de estas disposiciones”.

De acuerdo a Rey, por más que la policía quiera ayudar, necesitan de conocimientos técnicos con los que cuentan demás entidades para intervenir en ciertos centros de trabajo. Comenta que si cerrasen una planta de energía por considerar que no sigue los estándares necesarios, podrían haber consecuencias imprevistas.

“En caso la policía, por buena intención, cierre un local por considerar que afecta la salud pública, podría perjudicar a muchos usuarios”, recalca Rey.

Intervención del fiscal

Es necesario recordar que aquellos que incumplan la norma enfrentarán cargos penales y serán llevados a una comisaría para el inicio de una investigación penal.

Sin embargo, de acuerdo a Rey, este procedimiento tiene un error que debería ser flexibilizado.

“Los fiscales no están tomando declaraciones a los detenidos si su abogado no se encuentra presente. Esto no tiene mucho sentido en esta situación donde se quiere evitar contagios. Deberían permitir que el abogado pueda intervenir por teléfono en lugar de pedirle que vaya a una comisaria donde hay alrededor de 200 personas, poniendo en riesgo su salud”.

“Este procedimiento debería adecuarse al estado de emergencia”, puntualiza Rey.