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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) en contra del Estado Peruano, que alega que el Perú no cumplió con su obligación de pagarles en un tiempo razonable un justiprecio adecuado por las expropiaciones de tierras de su propiedad o de sus familiares realizadas durante la reforma agraria de 1969.
La denuncia incluye a un total de 54 bonistas, que han buscado el pago de los bonos por más de 40 años. Según explica el abogado de las partes, Mario Seoane, socio del estudio Mario Seoane, sin embargo, un mayor número de bonistas podría ir acumulándose a la acción legal, por lo que el número no es fijo.
¿Qué busca la denuncia?
Seoane explica que la finalidad de la denuncia es “introducir un mecanismo de corrección a los criterios de valorización de los bonos agrarios”.
En otras palabras, se busca que se modifique la forma como el Estado viene valorizando los importes a pagar por los bonos.
El abogado agrega que la acreencia de los bonistas de ABDA que se ha presentado a la CIDH, a valor actualizado en la formula que ellos buscan que se aplique, ascendería a US$140 millones.
Según indica el abogado, el Estado ya está obligado a pagarle a los bonistas, por lo que no es necesario que la CIDH ordene dicho aspecto. El proceso, estima, podría tardar entre 4 a 6 meses.
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La Formula Controversial
La queja de los bonistas deviene de una formula aprobada por el gobierno del presidente Ollanta Humala, emitida en el 2014, la cual indicó como se deberían valorizar los bonos a pagar. A dicha formula se le agregó otra emitida durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Según Seoane, “el Ministerio de Economía y Finanzas reduce casi totalmente la deuda a pagar por parte del Estado”.
Según un cálculo hecho por los denunciantes, el valor a pagar a un bonista ascendía a US$0.00. Es decir, la fórmula del MEF eliminaba la deuda del Estado por completo en algunos casos.
“Si se declara fundada la denuncia eso significa que el Estado peruano habría violado el art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los estados que ejecutan expropiaciones a respetar la propiedad privada, y eso significa pagar una contraprestación apropiada”, explica.
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Resolución amistosa
La Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria ha presentado una propuesta de solución amistosa al Estado peruano, buscando establecer una nueva fórmula de cálculo de la deuda del Estado que no afecte los derechos de propiedad de los bonistas.
Al respecto, el Ministerio de Justicia señaló mediante la carta 133-2022-JUS/PGE-PPES que “se ha venido evaluando la posibilidad de arribar a una solución amistosa”.
Gestión intentó comunicarse con el Poder Ejecutivo para obtener comentarios al respecto, pero, al momento de redacción de la nota, no tuvo respuesta alguna.
