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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dio a conocer el resultado del arbitraje internacional llevado a cabo entre el Estado peruano y la empresa estadounidense Gramercy Funds Management LLC, relativo al pago de los bonos agrarios emitidos por el país en los años 70.
El laudo final ordena el pago de US$ 100 millones en favor de la empresa, muy por encima del monto de US$ 861,000 que el gobierno buscaba pagarle a la empresa estadounidense.
El conflicto entre Gramercy y el Estado es el resultado de un número de normas que modificaron la forma en la que debía calcularse el valor a pagar a los tenedores de bonos y que, según indica Manuel Villa García, socio del estudio Olaechea, reducía el monto a pagar a cifras minúsculas.
Según indicó la empresa, en un comunicado, el tribunal arbitral que revisó el caso del Perú determinó que “varios aspectos de la fórmula de pago del MEF no tenían una justificación razonable”.
Agrega que “el método de valorización establecido por el MEF sólo podía explicarse por el objetivo indebido de reducir las cantidades que recibirían los bonistas”.
Adicionalmente, la empresa indica que el laudo, que aún no se ha hecho público, señala que “el proceso de pago otorgaba al MEF discreción ilimitada sobre la forma en que se pagaría a los bonistas. que no tenía justificación bajo ningún estándar racional”.
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¿Victoria o pérdida para el Perú?
Ahora bien, la demanda de Gramercy buscaba el pago de US$1,800 millones, por lo que, actualmente, el Ministerio de Economía alega que el arbitraje fue positivo para el Perú.
Según explica el MEF, el Tribunal ordenó que se debe pagar US$33.22 millones, más intereses a partir del año 2009.
“Es decir, limitó el monto de compensación al precio histórico que habría pagado Gramercy por los Instrumentos de Pago”, indicó el Ministerio mediante un comunicado, en el cual recalca que “tan solo el 5% del monto de la compensación total reclamada” fue otorgado a la empresa.
Villa García no opina lo mismo, sin embargo.
“La empresa no consiguió todo lo que pidió, pero si ganó. Ahora la Republica del Perú le debe pagar a Gramercy. El MEF ofreció pagar US$ 861,000 por el paquete de bonos que tiene la empresa y ahora deberá pagar US$ 100 millones. El fondo es que el Perú debe pagar y que las formulas creadas en el 2014 para calcular la liquidación de los bonos son ilegales”, sostiene.
El abogado señala que, además, esto crea un precedente para que el Perú se encuentre obligado a pagar el resto de los bonos emitidos utilizando un valor razonable y no el fijado mediante la formula del 2014.
“Han ganado todos los ciudadanos de a pie, quienes van a usar este laudo como base para decirle al MEF que no nos puedes obligar a ir a un proceso de liquidación injusto”, comenta.
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Los antecedentes
Luego de que se emitieron los bonos agrarios en los años 70, para resarcir a los dueños de fundos expropiados por la reforma agraria establecida en esa época por la dictadura militar, el gobierno de Alberto Fujimori emitió la ley 26597, la cual señaló que debían ser pagados en valor nominal. Ello presentaba una complicación pues luego de que se crearon dichos bonos el Perú cambió de moneda dos veces, del sol oro al inti y del inti al nuevo sol.
Dicha norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el 2001, indicando que el pago debía realizarse a valor real.
Sin embargo, en el 2013 se emitieron un número de autos estableciendo que habría una nueva forma de pagar dichos bonos, luego de lo cual, en el 2014, el gobierno de Ollanta Humala emitió dos decretos supremos en los que se encuentra la fórmula que el Tribunal Arbitral del CIADI ahora ha indicado carece de aspectos razonables.