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Las protestas y ataques vandálicos contra empresas privadas e infraestructura pública en diferentes zonas del país continúan y están generando severas pérdidas a los afectados.
En este contexto, se han comenzado a activar rápidamente las pólizas de seguros contratadas para cubrir este tipo de daños, señalaron ejecutivos del mercado de seguros.
Los daños causados serían cubiertos por el seguro patrimonial, que indemniza a los asegurados por eventos de daño malicioso, vandalismo y terrorismo, refirió a Gestión Pedro Scarsi, director comercial de Mapfre Perú.
“Ahora mismo tenemos daños materiales en varias empresas y en varias instituciones del Estado. Tenemos asegurado al Ministerio Público, al cual le han quemado algunos locales, y a la empresa Gloria. Todavía no tenemos evaluado al 100% los daños y montos de siniestros, pero son coberturas que se activan rápidamente”, refirió.
Después de mucho tiempo se han activado estas coberturas para las empresas de producción, como Gloria y Danper, resaltó Alejandro Lagos, gerente general de BL Corredores de Seguros. Refirió que, en el caso de Gloria, no solo se afectó la propiedad de la empresa sino también los vehículos de sus proveedores.
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Lucro cesante
Otra de las coberturas que se activarán por las violentas protestas será el lucro cesante, estimó Scarsi. Este seguro compensa, hasta un monto límite, los ingresos que deja de generar una empresa por la paralización de su negocio.
“Si hay una paralización a consecuencia de los daños, se va activar esa cobertura”, coincidió Juan Carlos Ramírez, vicepresidente de Carpenter Marsh Fac Perú.
Según Scarsi, el 100% de las empresas corporativas y medianas del país están protegidas con seguros patrimoniales. Por su parte, la penetración de la cobertura de lucro cesante es de 80% en las empresas más grandes y de 30% en las pymes, dijo Lagos.
Por ley, el Estado tiene todo su patrimonio asegurado, resaltó Scarsi. A través de concursos públicos el Estado tiene que asegurar todos sus activos, enfatizó.
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Desembolso de indemnizaciones
Lagos detalló que, una vez ocurrido el evento, las empresas notifican a las compañías de seguros, las cuales envían a un perito ajustador encargado de evaluar los daños y de elaborar un informe. De acuerdo con la ley vigente, hasta 30 días después de la firma de dicho informe por parte de la aseguradora y del cliente, se debe desembolsar la indemnización.
“Pero pueden pedirse anticipos a cargo del monto del siniestro; dependerá de la negociación que haga cada empresa con el corredor de seguros y la compañía de seguros”, indicó Scarsi.
En este momento las empresas afectadas estarían calculando las pérdidas que han sufrido y recién recibirían su indemnización en el mejor de los casos a partir de enero, sostuvo Lagos.
Hasta el momento las pérdidas ocasionadas por el vandalismo de los últimos días alcanzarían los US$ 30 millones en lo que es asegurable, proyectó Lagos.
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Necesidad de protección
En esta coyuntura, las aseguradoras están recibiendo llamadas de empresas interesadas en cubrir su patrimonio, dijo Scarsi. Las protestas han generado pánico y necesidad de protección, añadió.
“Hay nerviosismo de los que les toca renovar su póliza hoy o mañana, justo en plena agitación”, indicó Ramírez. Si bien hay más demanda por estos seguros las aseguradoras están siendo más cautelosas en su suscripción”, complementó Lagos.
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Preocupación de reaseguradoras
Ramírez comentó que existe mucha preocupación en las compañías reaseguradoras por las protestas en Perú. Muchas de las pólizas de seguros patrimoniales tienen un componente de reaseguro, por lo que también van a tener que pagar por los siniestros.
Desde inicios del 2022, algunas reaseguradoras dejaron de dar cobertura al llamado riesgo político en la región ante una ola de convulsiones sociales, dijo Lagos. Incluso el costo de estos seguros se ha incrementado, indicó.