El corto plazo reduce la posibilidad de reformas estructurales profundas, aunque no elimina el margen para decisiones regulatorias, administrativas y políticas que pueden incidir directamente en la dinámica entre empresas, trabajadores y Estado.
Un análisis del área de Investigación y Desarrollo de Vinatea & Toyama advierte que, si bien el tiempo limita el alcance de cambios legislativos de gran calado, el Poder Ejecutivo conserva herramientas suficientes para incidir en la agenda laboral a través de reglamentos, designaciones estratégicas y orientación inspectiva.
La nueva administración no cuenta con un plan de gobierno propio ni con un equipo técnico consolidado. Su gestión estará condicionada por la necesidad de negociación permanente con el Congreso de la República y por el contexto preelectoral. Sin embargo, ello no implica inmovilidad.
En ese marco, más que reformas legales amplias, lo que podría observarse es una redefinición del tono regulatorio y de fiscalización.
Proyectos co-firmados por José María Balcázar con impacto laboral | Fuente: Area de Investigación y Desarrollo de Vinatea & Toyama
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Tercerización y organización empresarial bajo mayor escrutinio
Uno de los puntos sensibles es la tercerización laboral. Balcázar ha respaldado iniciativas legislativas que buscan restringir o redefinir este mecanismo, lo que anticipa una postura menos flexible frente a los esquemas de outsourcing.
Si bien el corto periodo de Gobierno dificulta una reforma integral, sí podrían registrarse mayores niveles de fiscalización y criterios administrativos más estrictos respecto de la delimitación de actividades nucleares, autonomía empresarial y subordinación indirecta.
Ello tendría especial impacto en sectores intensivos en tercerización, como minería, industria, construcción y servicios especializados.
En este contexto, la discusión no necesariamente se trasladaría al plano de nuevas leyes, sino a la interpretación y aplicación más rigurosa del marco vigente, señala Vinatea & Toyama.
José María Balcázar, nuevo presidente del Perú. Foto: EFE/ STR
Mayor presión en el empleo público y sus efectos indirectos
El análisis también muestra que la mayor actividad legislativa vinculada a su entorno político se ha concentrado en materias laborales del sector público, como el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), escalas remunerativas, régimen 728 en entidades estatales y beneficios para docentes.
Aunque estas iniciativas impactan directamente en el Estado como empleador, sus efectos pueden irradiarse al sector privado. Una expansión de beneficios o rigidez en el empleo público incrementa la presión fiscal y puede generar demandas de equiparación o mayor estabilidad en el ámbito privado.
Además, un fortalecimiento de la estabilidad o de beneficios en el sector estatal suele traducirse en mayor activismo sindical y en expectativas de endurecimiento regulatorio.
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El rol del MTPE y la orientación inspectiva
Uno de los movimientos más relevantes será la designación del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y de altos funcionarios vinculados a la política laboral. Un perfil cercano a sindicatos podría marcar una etapa de mayor activismo regulatorio y fiscalización intensiva.
En ese escenario, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podría reforzar su presencia inspectiva en materias como jornada, contratación temporal, tercerización y seguridad y salud en el trabajo. El cambio no necesariamente radicaría en nuevas normas, sino en una aplicación más estricta y menos flexible del marco actual.
Para las empresas formales, ello implicaría mayor exposición sancionadora y necesidad de fortalecer sus sistemas de cumplimiento.
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Una ventana corta con capacidad de impacto
Las 23 semanas de Gobierno no permiten rediseñar el régimen laboral peruano. Sin embargo, sí son suficientes para modificar reglamentos, emitir decretos, designar autoridades clave y orientar la política inspectiva.
El riesgo no parece radicar en una reforma estructural inmediata, sino en un periodo de mayor presión administrativa y menor predictibilidad en la interpretación normativa. En un contexto electoral, la agenda laboral puede convertirse en un espacio de posicionamiento político, con efectos operativos concretos para el sector privado.
Así, más que un giro radical del sistema laboral, lo que se perfila es una etapa de mayor escrutinio regulatorio y señales de rigidez, cuyo alcance dependerá del perfil del gabinete y del equilibrio político con el Congreso.
