En el ámbito de la libre competencia en Perú, el 2024 verá la implementación de dos regulaciones clave que buscan afinar el marco normativo del país en lo que respecta a las operaciones empresariales y las contrataciones con el Estado. Estas regulaciones son el resultado de un proceso de revisión y adaptación a las dinámicas económicas actuales, y han sido destacadas por Ivo Gagliuffi, socio encargado del Departamento de Competencia, Regulación Económica y Propiedad Intelectual de Garrigues.
La primera de estas medidas es la consolidación del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial, una legislación que entró en vigor hace tres años y que hasta la fecha ha procesado 36 solicitudes de fusiones o adquisiciones.
Este régimen, administrado por el Indecopi, ha tenido un impacto directo en la forma en que se realizan estas operaciones en Perú, estableciendo un plazo promedio de resolución de 44 días hábiles, según informes de Garrigues y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.
Con el aniversario de su tercer año de implementación en junio de 2024, se espera que el número de operaciones notificadas aumente, reflejando tanto el crecimiento de las transacciones empresariales en el país como la predictibilidad que el Indecopi ha aportado al proceso.
La entidad ha publicado lineamientos para la calificación y análisis de estas operaciones, proporcionando un marco claro para su evaluación.
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La segunda regulación de importancia para 2024 es la publicación de la versión final de la Guía para Identificar Consorcios Inusuales en las Contrataciones Públicas.
Este documento, que ha estado en periodo de recepción de comentarios durante el 2023, tiene como objetivo proporcionar orientaciones claras tanto para el sector público como para el privado sobre las características y modalidades de prácticas anticompetitivas en las contrataciones con el Estado.
Esta guía busca esclarecer cuándo y cómo pueden formarse consorcios para participar en licitaciones públicas, reduciendo así la incertidumbre y el riesgo de ser categorizados erróneamente como un cartel.
Además, se espera que el documento sirva al sector público al ofrecer herramientas para detectar consorcios que puedan estar implementando pactos de no competencia entre postores.
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