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En un informe que elaboró el Consejo Privado Anticorrupción (CPA) y que entregó a la misión de alto nivel de la OEA que arribó al Perú, esa entidad reveló algunas cifras sobre los niveles de copamiento de funcionarios nombrados irregularmente durante el gobierno de Pedro Castillo.
El informe, denominado “Panorama Actual de la Corrupción en el país”, advierte que hubo no solo nombramientos irregulares en los ministerios y otros niveles estatales, sino también un modus operandi (de corrupción) claramente identificado en la administración de Castillo.
Así, a nivel ministerial, detalló que hubo en total 151 nombramientos irregulares en el Poder Ejecutivo, entre ellos 78 designaciones de personas denunciadas o investigadas, dos sentenciados, 40 personas nombradas no tenían experiencia para los cargos, en 14 casos se habría incurrido en presuntas irregularidades en sus proceso de designación, entre otros problemas (que involucraron a otros 17 funcionarios.
El Consejo refiere que el promedio de duración de cada exministro fue de 106 días, siendo el más largo el del entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado, con 372 días, y el más corto, siete días, en el ministerio de Salud (Minsa).
En el caso del ex titular de Vivienda, se investiga un presunto pago directo al presidente Castillo para que mantenga al citado funcionario en ese cargo, según declaraciones del actualmente detenido ex jefe del gabinete de asesores de ese ministerio, Salatiel Marrufo.
Cargos en alta dirección en los sectores
El informe de CPA revela, además, que dentro de los ministerios y sus órganos adscritos se han encontrado nombramientos irregulares de 156 funcionarios en cargos de alta dirección, de los cuales, en el Midagri se registraron 20 casos; en el Minem,10; en el MTC,19, y en Vivienda, 10.
A su vez, en el Ministerio de Trabajo, según CPA, hubo nueve nombramientos irregulares; en Produce, 12; en Mindef, seis, y en el despacho presidencial de la Presidencia de la República, 11.
Las irregularidades comprenden, en 81 casos, el no cumplir con los requisitos para los cargos; en 32 casos potenciales hubo conflictos de intereses; y hay 10 investigados por delitos, así como por haber mentido en la declaración jurada de intereses, tener impedimento para desempeñar el cargo, etc.
Es decir, entre nombramientos a nivel ministerial, y en cargos en alta dirección, según el CPA, se han identificado en total 307 nombramientos presuntamente irregulares.
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Modus operandi detectado en administración de Castillo
El documento indica, asimismo, que existiría un modus operandi claramente identificado de restitución de funcionarios que, tras su nombramiento, fueron destituidos, pero luego fueron recolocados en otros puestos del Estado.
“Llama la atención la práctica de la puerta giratoria, como modus operandi en ese régimen, pues hay más de 120 funcionarios que fueron retirados de un puesto para luego ser recolocados en otros”, detalló.
Pero, entre los involucrados también mencionó a empresarios que se habrían coludido con malos funcionarios públicos, y señaló que se ha identificado 14 procesos de licitación direccionados a favor de un grupo de empresarios “que pagaron un porcentaje a la autoridad para adjudicar proyectos”.
Por su parte, Eduardo Herrera, director ejecutivo de CPA, indicó que, debido a los nombramientos irregulares en la administración de Castillo ha habido un doble golpe a la institucionalidad, uno la corrupción en sí, y el otro, la ineficiencia en la administración pública al colocarse a muchas personas que no reúnen los requisitos para cumplir su labor.
Respecto de cómo abordar esta situación, Herrera consideró que si bien la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a combatir la corrupción al nombrar su gabinete, el Gobierno no puede ser la entidad que luche contra esa lacra, pues el Ejecutivo es un ente que también debe ser fiscalizado.
Herrera consideró que se requiere conformar una entidad independiente -como se hizo en Hong Kong- a la que se encargue desarrollar una gran estrategia anticorrupción, que se dedique a esa tarea los siete días de la semana y que fiscalice al Gobierno permanentemente.
Los hallazgos de la Contraloría
En tanto, el contralor Nelson Shack, durante el reciente lanzamiento del Observatorio Nacional Anticorrupción, reveló que, de acuerdo con el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), en el 2021, se encontró que nueve de cada diez entidades públicas evaluadas presentaban problemas de corrupción e inconducta funcional.
Detalló que esos entes “han dado positivo” en dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad.
Además, indicó que 187 entidades se encuentran en los niveles alto y muy alto (de corrupción e inconducta funcional).
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Asimismo, dijo que el INCO muestra que los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones que son materia de impedimentos de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, presentan mayores problemás.
Añadió que, en cuanto a impacto financiero, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional, con un total estimado que asciende a S/ 10,500 millones.
El INCO también señala que las entidades de los sectores Transporte, Educación, Salud e Interior tienen puntajes que alcanzan los niveles de alto y muy alto en dicho índice; mientras que las provincias que encabezan el ranking son Maynas en Loreto (74.8), Callao (69.2), Piura (68), Tacna (65.9) y Arequipa (65.8).
Frente a estos resultados, el contralor afirmó que la corrupción en el país ha penetrado el vértice del poder y todos los niveles de gobierno, ocasionando que el Estado se vuelva inoperativo y no se resuelvan los problemas de educación, salud o infraestructura.
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